Sus acciones condicionan el presente y futuro del actual Gobierno

En general, quienes entendían imprescindible ponerle fin a los casi ininterrumpidos gobiernos del PLD, tienen alta valoración de las acciones de la Procuraduría General de la República contra algunas estructuras mafiosas claves, que sirvieron de fuentes de acumulación originaria de capital a clanes, algunos familiares, y a dirigentes de ese partido.

Por la imbricación de esas mafias en las estructuras del partido/Estado, la naturaleza militar/policial y a la cercanía con el anterior jefe del Estado, las acciones de la PRG impactan directamente en el sistema político y, en esencia, condicionan el presente y futuro del actual Gobierno. Por consiguiente, el camino escogido por las máximas autoridades del principal brazo de la Justicia no tiene retorno.

Abona ese aserto, el hecho de que es muy probable que el altamente positivo balance que hace la población del desempeño del gobierno y del Ejecutivo en sus primeros 10 meses, según mediciones, estaría determinado por la alta valoración que esta tiene de las acciones de la PGR.

Por tanto, el desmantelamiento de las estructuras mafiosas que constituían los pilares en que descansaba el pasado régimen, constituye la base fundamental en que descansa el discurrir, la aceptación y futuro del presente Gobierno y su posibilidad de materializar parte esencial de la demanda de cambio.

Lo estaría indicando la encuesta CEC-Acento, que arroja el dato de la alta aceptación del Gobierno en sectores medio, medio/alto y alto.

Centenares de expedientes en proceso de instrumentación, en los que hay connotados dirigentes del PLD y/o cercanos/beneficiarios de sus gobiernos, sitúan a esa colectividad política en situación en que sus principales figuras mantienen un bajo perfil, porque sobre sus cabezas pende la espada de la Justicia, lo cual, prácticamente, los inhabilita para hacer política públicamente.

Estos son indicadores de que estamos ante una inédita situación de nunca jamás: por lo menos a breve plazo, resultan inviables gobiernos sustentados en estructuras delincuenciales con los niveles alcanzados en la anterior administración. A las acciones del Poder Legislativo, se suman las recientes medidas del Ejecutivo que limitan gastos y privilegiados/abusos de algunos funcionarios de alto nivel.

Son signos inequívocos de que no era descaminada la posición de quienes sosteníamos la necesidad de desbancar al PLD del poder como condición indispensable para avanzar en la lucha por un cambio en esta sociedad. Pero, como se dice en argot deportivo cuando en una serie final no se ha ganado el último juego, no se ha ganado nada todavía.

Apenas comenzamos el camino, siendo imprescindible insistir en que los cambios en curso en el plano de la Justicia sean acompañados con cambios sustanciales en las esferas de lo social y de lo político.

Insistir en quitarle las garrapatas al buey: los poderes fácticos y sus privilegios, que se autoperciben como un Estado dentro del Estado, oponiéndose a cualquier reforma/avance que no refleje sus intereses.

Ese poder quiere establecer cuándo y hasta cuánto es o “no es razonable un aumento salarial” a unos trabajadores que, como los nuestros, son de los peor pagados en la región.

Falta prácticamente todo para terminar la cultura política de la borrachera del poder, del clientelismo e irracionalidad al establecer prioridades en todas las esferas de la administración pública; poderes locales incluidos.

De ahí la importancia de potenciar lo alcanzado en la esfera judicial, haciéndolo un camino sin retorno, indispensable para el Gobierno, y piedra angular en la lucha por cambiar este país.

Cambios en curso en Justicia deberán acompañarse de cambios en lo social y lo político