El acceso gratuito al anticonceptivo oral de emergencia (AOE), popularmente conocido como la “píldora del día después”, vuelve a estar en Perú en manos del Tribunal Constitucional (TC), que hace doce años ya prohibió su distribución por parte de la sanidad pública.

El caso es excepcional, pues será la tercera vez que el Tribunal Constitucional aborde el tema después de que en 2006 permitiera la administración de esta píldora por parte de los servicios públicos del Estado y solo tres años después revirtiera el fallo ante la apelación presentada por una organización ultraconservadora.

“Es el momento. Es una oportunidad muy valiosa para el TC de hacer justicia con las mujeres”, manifestó a Efe Rossina Guerrero, directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la organización que ha presentado el recurso ante el máximo tribunal de garantías.

Después de más de diez años de litigio, está pendiente que la Segunda Sala del TC, integrada por los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, decida si el tribunal debe revisar la sentencia de 2009.

Para Guerrero esta decisión, debido a su trascendencia, debería ser evaluada por los siete magistrados del pleno del TC y no solo por la Segunda Sala.

Ya en la sentencia de 2009 se contemplaba una eventual revisión del fallo a futuro, a tenor sobre todo de que apareciera mayor evidencia sobre el medicamento.
“Es uno de los métodos más estudiados científicamente. Es seguro. No es una ‘bomba’ de hormonas”, afirmó Guerrero, quien recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha considerado dentro de la actualización de su libro de planificación familiar, publicada recientemente el 3 de febrero.
“Es urgente que este anticonceptivo esté a disponibilidad en los servicios de salud. Es esencial y así lo ha catalogado la OMS”, añadió.

ACCESO QUE “PENDE DE UN HILO”. Desde 2016, el Estado volvió a distribuir el anticonceptivo oral de emergencia gracias a una medida cautelar dictada por un Juzgado Constitucional, la misma que quedaría sin efecto si el Tribunal Constitucional se reafirma en su sentencia de 2009.
“Esa medida cautelar pende de un hilo pero ha servido para que el Ministerio de Salud tenga una base y una protección jurídica para exigir su acceso”, resaltó Guerrero.

Gracias a esa cautelar, la píldora ha podido incluirse en distintas políticas públicas de planificación familiar así como de prevención de la violencia familiar y, sobre todo, como parte del kit de emergencia administrado a las víctimas de violación sexual.

“Es el único insumo posterior a la agresión sexual sin protección que podría prevenir el embarazo, pero por otro lado también están aquellas mujeres a las que le falló el método anticonceptivo o que tienen dificultades para acceder a métodos anticonceptivos regulares, que no son pocas”, apuntó Guerrero.

ACCESIBLE PARA QUIEN PAGUE. Desde el último fallo del TC en 2009 hasta la cautelar lograda en 2016, la pastilla solo se podía conseguir en farmacias de forma privada, lo que dificultaba su acceso a buena parte de la población de escasos recursos económicos en un país donde el aborto está prohibido salvo para salvar la vida a la madre.
“Es inadmisible que se vendiese en farmacias y no pudiese ser distribuida (por el Estado). No es posible que la mujer que sí tenga dinero lo obtenga y la que no se quede sin él”, enfatizó la directora de Promsex.
A su juicio, la decisión del TC hará posible “acabar con este doble estándar que es discriminatorio y ofensivo y devolverle a las mujeres este derecho al avance científico”.

HERRAMIENTA CONTRA EMBARAZO ADOLESCENTE. En ese sentido, Guerrero recordó la alta incidencia del embarazo adolescente en Perú, donde desde hace 30 años se mantiene en torno al 13 % de adolescentes que ya son madres o están en su primer embarazo, aunque en algunas regiones de la Amazonía esta tasa se dispara a alrededor del 30 %.

“Las adolescentes tienen serios problemas para ir a los servicios de salud porque hay un estigma muy grande sobre su actividad sexual, porque se les condena su actividad sexual y porque tampoco hay educación sexual”, lamentó.

En ese sentido, la directora de Promsex recordó la “batalla” por el acceso al anticonceptivo oral de emergencia “es muy grave” porque solo el 50 % de las mujeres peruanas usa anticonceptivos modernos, una baja tasa en la que Perú lleva “años” estancado mientras otros países vecinos presentan índices del 70 % e incluso del 90 %.

DEMANDA INTERNACIONAL. A ello se une que los abortos inseguros son la tercera causa de muerte materna en el país hasta la llegada de la pandemia, donde ha sido reemplazada por la covid-19.
“Hay razones de salud pública, y más aún en este momento de pandemia donde las mujeres y niñas están confinadas a vivir con sus agresores”, destacó Guerrero.

De manera paralela al recurso presentado ante el Constitucional de Perú, Promsex también mantiene una demanda internacional cursada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de una joven que fue violada en grupo y a la que en el centro de salud no se le administró el anticonceptivo de emergencia.