Resulta evidente que lo que mantiene encendido el debate en torno a la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sometida a un proceso de diálogo entre el Gobierno y los sectores que la cuestionan para su eventual modificación, es la campaña electoral, que por lo que estamos viendo contagia hasta a los que no son políticos o se supone que no lo son ni actúan en su nombre.

Es por eso que la disposición del presidente Luis Abinader de corregir los aspectos de la ley que han generado confusión o presentan ambigüedades no ha conseguido detener la oleada de críticas, que a estas alturas resultan ya redundantes. Ayer se sumaron a ese coro el vocero del PLD en el Senado, Yván Lorenzo, quien dijo temer que su aplicación vulnere la voluntad popular en las elecciones de este año, y un grupo de abogados, encabezados por Miguel Surum, que pidieron al presidente Abinader “devolver el sosiego democrático” a la sociedad dominicana convocando una legislatura extraordinaria para proceder a su derogación.

Puede leer: Coincidencia

Según el expresidente del Colegio de Abogados en el país no puede haber una ley que instituya una dictadura al mejor estilo de Pinochet y Trujillo, y que además despoje al Ministerio Público de su rol de jefe de la investigación penal y deje al DNI “como amo y señor de la persecución penal de opositores”. Y lo que falta por oír, pues cuando la politiquería manda se ignoran los límites y se pierde el sentido de la realidad, pero también del disparate.

Por eso es tan pertinente la recomendación del doctor Milton Ray Guevara, presidente saliente del Tribunal Constitucional, de sacar ese ruido del proceso electoral. Sería lo ideal, lo deseable, para no contaminarlo. Pero será difícil convencer a los partidos en campaña de que suelten el tema, por lo menos mientras crean que le están sacando provecho electoral a un costoso traspié que el Gobierno, con un poco más de sentido del “timing” político, pudo haber evitado.