Comparto desde hace ya bastante tiempo, como saben bien quienes leen esta columna con cierta asiduidad, la preocupación externada ayer por el movimiento cívico Participación Ciudadana porque se pueda declarar la extinción penal, por agotarse el plazo de cuatro años que establece el Código Procesal Penal para emitir una condena, en cuatro casos de corrupción administrativa considerados emblemáticos, con los que se habría estafado al Estado dominicano con más de RD$56 mil millones y en los que figuran, en calidad de imputados, más de cien personas.

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Se trata de los casos Antipulpo, Coral y Coral 5G (fusionados), Medusa y Calamar, que avanzan a paso de tortuga con reumatismo en los tribunales como consecuencia de los numerosos incidentes presentados, como si se hubieran puesto de acuerdo en la misma estrategia, por los abogados defensores, pero sobre todo gracias a la permisividad y complacencia de unos jueces a los que se les ve muy poco interesados en que esos procesos concluyan con una condena definitiva o una absolución.

Con lo que se vuelve a evidenciar que en este país la impunidad tiene muchas formas de expresarse y manifestarse, al igual que muchos cómplices y valedores, algunos tan cínicos que se muestran abiertamente, en tanto otros actúan desde las sombras, dentro del propio sistema de administración de justicia, para hacer posible lo que Yeni Berenice Reynoso definió como la “jurisprudencia de la corrupción”.

En el “Primer Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa” el movimiento cívico advierte sobre la necesidad de que las instituciones de justicia y sus principales actores cumplan con su deber de proteger los intereses de la sociedad para evitar que la impunidad continúe debilitando nuestra democracia, pero también –agrega un servidor- las expectativas y esperanzas de la sociedad dominicana de que algún día podrá librarse de la maldita corrupción.