En ocasión del centenario de la desocupación de 1924 y del 59 aniversario de la ocupación de 1965

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Dada la magnitud de las acciones de la Marina de los Estados Unidos en la República Dominicana mientras se llevaban a cabo las discusiones del Proyecto de Anexión en el Congreso estadounidense (1869-1871), puede afirmarse que nos hallamos frente a la primera gran intervención armada norteamericana en nuestro país. En ese lapso los dominicanos se desangraban en una de las más prolongadas guerras civiles de la historia nacional.

Las intervenciones de 1916-24 y de 1965-66 se convirtieron en ocupaciones militares ejecutadas por la decisión del presidente norteamericano de turno y con la aprobación del Congreso de su país. Afortunadamente en 1870 el Senado estadounidense vio a tiempo la inconveniencia de la anexión de Santo Domingo; de lo contrario, se hubiese producido la ocupación del territorio, pues en 1869 “el Senado Consultor (dominicano) prácticamente solicitó la intervención militar”.

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Mientras la ocupación militar es la apropiación de la soberanía ajena sin respetar leyes ni poderes establecidos, la intervención se refiere a la participación extranjera en algunos sectores de la administración de acuerdo o no con el Gobierno nacional.

Pese a que en 1916 y en 1965 se trató de ocupaciones, en el último caso se ejecutó con un Gobierno de facto integrado por dominicanos y con la presencia militar de una llamada Fuerza Interamericana d Paz (FIP). Desde el portaaviones Boxer, los estadounidenses desarrollaban sus actividades militares, cuyos infantes ascendieron a 42,000; del siglo XIX solo tenemos información de los barcos, no de su tripulación ni de sus tropas. La situación fue tan escandalosa, que por resolución del 4 de enero de 1871 el Senado le exigió al presidente Ulises Grant remitirle “la correspondencia intercambiada entre los comandantes de la escuadra americana en las aguas de la isla de Santo Domingo, y las instrucciones dadas a sus oficiales después del comienzo de las últimas negociaciones”.

Durante los años 1869-1871 estuvieron en aguas dominicanas y haitianas catorce barcos de guerra norteamericanos. Desde principios de 1870 hasta mayo de 1871 siempre hubo siete de esos buques en nuestras costas. La lista de los barcos es la siguiente: “Congress”, “Sangus”, “Yantic”, “Saratoga”, “Terror”, “Seminole”, “Tuscarola”, “Suvatara”, “Serve”, “Dictateur”, “Nipsic”, “Teennessee”, “Albany” y el “Nantasket”. Este último permeneció casi quince meses en aguas dominicanas, lo que confería una gran magnitud a esa presencia militar en un país pequeño y sin recursos, con una población escasa. Para el historiador Benjamín Sumner Welles, el presidente Buenaventura Báez “no se limitaba tan solo a la propaganda periodística, habiendo obtenido que buques de guerra americanos fueran enviados a los más importantes puertos de la República”.

El senador Charles Sumner, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de su país, denunció que Báez se mantenía por el apoyo de fuerzas navales norteamericanas en aguas dominicanas. “Está sostenido en el poder –decía- por el Gobierno de los Estados Unidos para que pueda traicionar a su país”. Y llegó a comparar la situación de ese país respecto a Báez, con la de Gran Bretaña con relación al ficticio Reino de Mosquitia, en Nicaragua.

Hay una carta del ministro de Marina, Robeson, dirigida al contralmirante Lee, comandante de la Flota del Altántico Norte, en la que da explicaciones especialmente jurídicas, comerciales y de interés nacional, para justificar la presencia militar en territorio dominicano.

La comunicación, enviada desde Washington el 21 de marzo de 1871, dice:

“…Según órdenes del Ejecutivo (se refiere al Gobierno de su país), es parte de los deberes de esas naves de su flota que se encuentran navegando en las aguas de Santo Domingo conservar este estatus contra todo poder, y mientras nosotros no cederíamos el derecho a intervenir en esos intereses al más poderoso de los Gobiernos, nosotros no podemos conceder ese derecho ni siquiera al más débil”.