Guido Gómez Mazara 
Guido Gómez Mazara
Cuando se pasa balance del fracaso de las organizaciones partidarias, justo es reconocer la incapacidad de que sus cúpulas conecten con la agenda de sus militantes. Los ejemplos de COPEI, Acción Democrática, PRI, APRA, PRD y PRSC están ahí. De paso, por no existir una correcta lectura de las causas que condujeron a los fracasos, se puede pensar que el cambio de siglas termina liberando al nuevo producto electoral de las manías que motivaron la deserción.
La noción del partido no deliberante, desprovisto de mecanismos internos de discusión reitera el concepto de propiedad en dirigentes que no sienten comodidad en los escenarios de debates indispensables en la edificación de un cuerpo de conceptos que sirvan de elementos distintivos. Inclusive, la no existencia de líneas diferenciadoras está degradando la calidad del producto partidario.
Por todos parecerse, la ciudadanía procura lo nuevo. Y en ese sentido, la fuente electoral que conduce al éxito anda inspirada en desplazar las tradicionales ofertas porque no generan sensación de confianza y lucen orientadas en el uso estrictamente coyuntural, razón esencial de los disgustos y decepciones. Por eso, aunque la retórica de avance institucional impulsa un cuerpo de legislación novedosa, en el ámbito de la relación partido-militancia, tales formalidades no desconectan su estructura directiva de prácticas autoritarias que en el terreno de los hechos no terminan de superar las mentalidades que rigen las organizaciones pautadas por criterios primitivos.
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Anclados en criterios de renovación y modernidad fraudulenta, se alega que los partidos para tornase atractivos deben adecuarse a la nueva realidad, y en el intento, construyen reglas de naturaleza distante con los núcleos de base mediadas por el empleo y/o prácticas clientelares que terminan reduciendo al militante en simple receptor de ventajas que, limitan su capacidad cuestionadora y anulan el ejercicio de pluralidad interna. Es un sendero peligroso, sin perspectiva y en capacidad de allanar los caminos de frustración.
Las ideas que reducen la operatividad de los partidos y lo sellan con características privatizadoras obedecen a exponentes de esos litorales que, legítimamente se lanzan al fragor de la actividad política, pero no saben distinguir entre el interés de un partido y la naturaleza de lo privado. No confundamos lo hábil e inteligente de ajustar los aparatos partidarios a la nueva realidad social con distorsionar la esencia de instrumentos democráticos en capacidad de ser correa de transmisión entre el Estado y los ciudadanos. Los riesgos de privatizar los partidos políticos están a la vista, con la lamentable complicidad de los órganos llamados a impedirlo.
