Viena. La producción de drogas acelera el cambio climático y destruye ecosistemas vulnerables, como la cuenca del Amazonas, con la sola fabricación de cocaína, que emite tanto CO2 como la circulación de casi dos millones de vehículos en todo un año.

El impacto de la producción de drogas en el medio ambiente es uno de los aspectos que destaca el informe de 2023 de la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE), presentado este martes en Viena. La JIFE es el órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados antidrogas. Según datos de 2020, la producción global de cocaína genera unas 8,9 millones de toneladas CO2 anuales, comparables a las emisiones de más de 1,9 millones de automóviles de gasolina.

La producción de drogas genera además todo un sistema económico ilegal que depreda el entorno, como la tala y el comercio ilegal de flora y fauna, y promueve la corrupción y la violencia, según el informe.

“En las regiones amazónicas del Brasil, Colombia y el Perú, que comprenden en conjunto el 79 % de la cuenca del Amazonas, las organizaciones dedicadas al narcotráfico siguen ampliando sus operaciones, que han llegado a abarcar la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de fauna y flora silvestres”, señala el informe.

Además, el uso de productos químicos muy potentes y contaminantes en estas actividades ilegales produce efectos devastadores, como la deforestación, en regiones ecológicamente muy vulnerables.

En la producción de cocaína se emplea ácido sulfúrico y queroseno, mientras que en la fabricación de metanfetaminas se requiere de amoníaco anhidro, sustancias muy potentes cuyos desechos se suelen liberar en el entorno y, además de la deforestación, contamina ríos, suelos y envenena animales.

Estas actividades también provocan conflictos y violencia, afectando a la seguridad y el bienestar de las comunidades locales, destaca el informe de la ONU.

“Estas actividades suelen repercutir de manera especialmente adversa en las comunidades locales, ya que pueden destruir los medios de subsistencia e introducir la violencia y el consumo de drogas en poblaciones situadas en zonas remotas”, señala.

En toda la cuenca del Amazonas, dice la JIFE, se registran “disputas violentas entre las comunidades locales y los narcotraficantes, a menudo como consecuencia de quejas por la especulación con los terrenos y la ocupación ilegal de tierras».

La JIFE indica que en Ecuador, “la degradación de los recursos naturales como consecuencia del cultivo del arbusto de coca y de la producción de cocaína ponen en peligro ciertos medios de subsistencia vulnerables en la frontera septentrional con Colombia, sobre todo para quienes dependen económicamente de la recolección de moluscos y la pesca de cangrejos».

Esa situación, advierte el documento, “podría empujar a las poblaciones vulnerables de la zona a participar en la economía ilícita, por ejemplo, practicando el contrabando de cocaína o de gasolina subvencionada (que se utiliza para fabricar cocaína) para los narcotraficantes en el departamento de Nariño (Colombia)».