La protección social es necesaria verla de manera sistemática y estructural como un conjunto de programas, proyectos y planes que tienen como objetivo reducir el riesgo y la fragilidad económica y social de la gente en situación de pobreza y vulnerabilidad.

La protección social incluye tres tipos de programas: asistencia social, seguridad social y protección laboral.

Los programas de transferencias monetarias condicionadas (PTC) en América Latina y el Caribe, son parte de ese sistema de protección social.Comenzaron en la década de los noventa.

En México se le denominó, (Oportunidades ex Progressa, 1997), en Brasil, (Bolsa Scola y Bolsa Alimentação, 2001-2003), en Costa Rica (Superémonos, 2000-2006), en Ecuador (Bono Solidario, 1998-2002), en República Dominicana (Solidaridad, 2005), y así sucesivamente en 19 países latinoamericanos y caribeños.

El propósito de estos programas es reducir la pobreza y desigualdad mediante la entrega de recursos monetarios y no monetarios a familias vulnerabilizadas.

Es falsa la idea de que los programas de PTC entregan dinero a cambio de nada. Los programas que otorgan dinero sin condicionalidad son generalmente bonos momentáneos.

Los PTC entregan dinero con la condición de que las familias mejoren su calidad de vida en educación, salud y nutrición.

Los PTC promueven la salud preventiva en mujeres embarazadas y educan a niños, niñas y adolescentes (NNA) en cómo obtener una buena nutrición.

La inoculación de vacunas para evitar enfermedades contagiosas y la obligatoriedad en la asistencia escolar también es parte de las condicionantes de estos programas.

Se entiende que, creando incentivos para que las familias se preocupen por la salud y educación de sus integrantes, se mejora la calidad de vida de sus pares, y a su vez, se logra disminuir la pobreza y desigualdad mediante un trabajo digno o un emprendimiento.

Se discute que tan efectivas son las transferencias monetarias condicionadas para reducir la pobreza y desigualdad, sin embargo varios estudios han demostrado que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la gente.

Autores como Das, Do y Ozler (2005) entienden que, «las condiciones indujeron a los hogares a comportarse de manera diferenciada a como lo hubieran hecho con dinero sin condiciones.

De hecho, los defensores de los programas de transferencia condicionada apuntan a la habilidad de estas estrategias para influenciar el comportamiento como una medida de su éxito».

Otros autores como Fiszbein y Shady (2009) plantean que las condiciones logran un cambio conductual en la asistencia regular de NNA en las escuelas, tener controles de salud completos, proveer a los hogares de un mínimo nivel de consumo y romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Recientemente, un estudio publicado en el Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria 2020, del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo de República Dominicana (MEPYD) arrojó que, “El impacto de la pobreza monetaria sería mayor de no poner en marcha los programas Quédate en Casa, FASE y Pa’ Ti, los cuales fueron extendidos hasta diciembre de 2020.

Estos programas, principalmente Quédate en Casa han mitigado la caída de los ingresos a través de transferencias monetarias directas a los hogares más vulnerables y han evitado que 594,745 personas cayeran bajo la línea de la pobreza monetaria general.

De no implementar los programas de mitigación, la tasa de pobreza monetaria a afectaría el 29.1% de la población dominicana”.

El referido estudio cita también que, 176,576 personas hubieran perdido los ingresos necesarios para una canasta mínima de alimentos y el 5.2% estaría afectado de pobreza monetaria extrema.

Según la FAO, la protección social es un aspecto clave en toda estrategia de reducción de la pobreza rural. En 2013, la protección social ayudó a sacar de la pobreza extrema a 150 millones de personas. El Banco Mundial apoya el acceso universal a la protección social.

Esta incluye asistencia social con transferencias monetarias a todas las personas que la necesitan, con especial atención a NNA, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas adulto mayores, personas desempleadas, u otras personas vulnerabilizadas.

Datos desde abril de 2020 del Banco Mundial cifran las operaciones de protección social en unos USD 12 500 millones, beneficiando a casi 1000 millones de personas de todo el mundo. Estos recursos son destinados atransferencias monetarias, obras públicas y esquemas de alimentación escolar.

La protección social es un derecho humano porque es un principio, un derecho humano y un derecho fundamental que todas las personas vivan con dignidad.

Esa vida digna implica que el Estado respete y proteja de manera real y efectiva los derechos que les son inherentes a todas las personas.

Algunos de estos derechos son: a una buena y balanceada alimentación, derecho del consumidor, a la educación, salud, seguridad social, vivienda, igualdad ytrabajo.

Una política pública debe tener como norte el fiel cumplimento de los derechos humanos como un principio rector. Un gobierno verdaderamente democrático hoy no se concibe sin el debido respeto a los derechos humanos.

La seguridad alimentaria, educación y salud son derechos fundamentales consagrados en las constituciones latinoamericanas.

De manera expresa, el artículo 54 de la Constitución dominicana expresa que: “EL Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuarios, con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria”.

Del mismo modo, los poderes públicos están en la obligación de proteger la maternidad sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, y existe el derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo, conforme al artículo 55, numeral 6.

Existen varios factores que vulneran la efectividad de estos programas. Dos de ellos son:

1. El asistencialismo y clientelismo político.

2. La falta de monitoreo, seguimiento y evaluación. La protección social supone que el Estado llegue a todas las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad con el debido seguimiento y evaluación, a los fines de que estas poblaciones vulnerabilizadas puedan salir del círculo tortuoso de la falta de alimentación y oportunidades educativas y laborales.

Cuando el clientelismo político y la falta de seguimiento se suman estos programas no se cumple con el objetivo para los cuales fueron creados y se distorsiona su razón de ser.

¿Son necesarias las tarjetas?

Vivir en democracia, en un Estado que respete absolutamente los derechos humanos, es lo que aspira todo aquel que anhela una vida digna, pero para lograr eso se necesita mucha voluntad política, planificación, eficiencia y transparencia.

Las tarjetas son una especie de colchón socialnecesarias que contribuyen a fomentar el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, y la lucha por la igualdad de oportunidades.

Según la Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe de la CEPAL, los PTC operan en la actualidad en 18 países de la región y benefician a más de 25 millones de familias (alrededor de 113 millones de personas), es decir, el 19% de la población de América Latina y el Caribe, a un costo que ronda el 0,4% del PIB regional.

La ONU pidió al G-7 ayuda para evitar el desabastecimiento de alimentos y planteo dos soluciones: Fortalecer y ampliar el Sistema de sobre los Mercados Agrícolas y un Mecanismo Mundial de Financiación de las Importaciones de Alimentos.

En medio de una doble crisis económica y social, producida por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania es mucho más urgente y necesario entender las tarjetas como una de las medidas para garantizar la protección social como un derecho humano.

Ahora bien, además de la entrega de tarjetas, es sensato acoger el acceso universal a la protección social como un derecho humano mediante programas sociales que entreguen alimentos para evitar una hambruna y desabastecimiento mundial. Es hora de actuar.