Melvin Matthews 
Creo prudente la actitud de los jueces de la JCE, que decidieron esperar la experticia que la Cámara de Cuentas realiza a la compra de unos escáneres que costaron la friolera de US40.0 millones, pero que resultaron inservibles para la finalidad contratada: contar automáticamente las actas con los resultados el día de las votaciones del 2016.
Ese propósito era y es, según la Dirección de Informática en su informe del INDRA –el consorcio español que vendió los equipos- “la automatización del registro de electores concurrentes mediante el uso de las huellas dactilares y el procesamiento automático de las boletas para el escrutinio de los votos en los Colegios Electorales con la mínima intervención humana, de manera directa, como elemento determinante en la objetividad de la información”.
Igualmente cauteloso ha sido el Procurador General, Jean Alain Rodríguez, de atenerse a la Cámara de Cuentas con el mismo objetivo de sus colegas del tribunal electoral. Y no es para menos, porque, sencillamente, es demoledor el minucioso informe el Departamento de Informática, a cargo del ingeniero Miguel Ángel García.
Entre las graves situaciones que analiza, principalmente destaco estos párrafos: “La solución de quipos y servicios adquiridos a INDRA se definió como una caja negra en la cual no se permitió la participación de los técnicos calificados de la Dirección de Informática de la JCE en el proceso de diseño, adaptación, integración ni de la implementación. Este personal quedó excluido de dichos procesos.
