Una ambigua aplicación de las convenciones internacionales en que se apoya la Organización de Naciones Unidas para defender derechos a permanecer en territorios ajenos al lugar de nacimiento coloca a República Dominicana en la doble condición de punto de partida de miles de viajeros nacionales que procuran el bienestar económico en otras latitudes al tiempo de ser el destino de quienes huyen de la inseguridad y deterioros institucionales de sus países. Crisis en Venezuela y Haití han generado o intensificado, mayormente, la llegada de expatriados.
La firmeza que muestran autoridades dominicanas contra el ingreso irregular por la frontera que separa del oeste enfrenta los criterios del organismo internacional y de Estados Unidos. Aunque la ONU dice abogar por el respeto a los derechos humanos de quienes se instalan por cualquier causa fuera de sus naciones, la cruzada en que se embarca en pro de los haitianos enarbola en su favor el estatus de «refugiados», y no de simples migrantes, lo que implícitamente convierte en violadores de estatus ciudadanos a los gobiernos que regulan llegadas estrictamente.
La definición de «refugiados» que invoca indica que son «personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y en consecuencia requieren protección internacional». En contraposición, aunque no existe una definición jurídicamente convenida, para la ONU el «inmigrante» es alguien que ha residido de forma irregular y sin graves motivos en un país extranjero y no es, visiblemente, interés del consejo de naciones presionar en favor de que se acepte su presencia cuando se trata de otros países que no son el dominicano.
Radicalmente, en Estados Unidos ningún extranjero que viole sus regulaciones para residir y emplearse tarda mucho en ser extrañado del territorio. Sus leyes son claras y solo: «ofrecen el estatus de refugiado y asilado a las personas que tienen un temor bien fundado de persecución en su país de origen, debido a su raza, nacionalidad, religión, o pertenencia a algún grupo social particular o de opinión política». Esto, independientemente de que la mayoría de los flujos migratorios desde el tercer mundo son movidos por graves desigualdades sociales y conculcaciones al derecho a una existencia digna sin tener que irse fuera, tan importante como otras prerrogativas del ser humano.
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Acogidos en RD
La estricta aplicación de restricciones a los haitianos para que República Dominicana no sea el único país afectado intensamente en varios órdenes por la condición fallida de Haití llega cuando ya dos sectores dinámicos de la economía local han sido puestos en sus manos con una espontaneidad que raya en descontrol: la construcción y la agricultura; además de sobrepasar con su presencia límites razonables que con elevados costos el Estado se ha propuesto tener en vigencia disponiendo soberanamente de regulaciones migratorias que otros países del continente ejercen con más rigor.
Otras circunstancias han colocado al país como principal receptor de exiliados venezolanos en la zona del Caribe y el octavo de toda América Latina tras comenzar el éxodo de más de cinco millones de habitantes de la patria de Bolívar hacia su vecindad y que convirtió prontamente en residentes locales a 116 mil de ellos. La Organización Internacional para las Migraciones y la propia ACNUR han jugado un papel facilitador para proveer estada a esa diáspora creciente que ha pasado a tener acceso a derechos básicos de salud y a plazas laborales en el mercado formal y en la educación.
República Dominicana ha sido particularmente receptiva con los exiliados que en enormes cantidades dispara hacia el exterior la revolución bolivariana dando apertura a «Ventanillas de Orientación Gratuita» en las que se brindan informaciones y los solicitantes de ayuda reciben documentos de certificación emitidos por el «Plan de Normalización de Venezolanos». En seis ciudades existen tale oficinas s que en pocas semanas de funcionar atendieron a más de 24 mil personas. Se calcula que para fines de este año estaría resuelto el estatus de no menos de 121 mil inmigrantes llegados desde el país de Hugo Chávez.
Falsa Hospitalidad
Los haitianos también reciben un «trato especial» para entrar al país en la forma que les dé gana siempre y cuando paguen para la «comida del boa» el derecho de paso, comprable a sigilosas e inatrapables bandas de traficantes de viajeros que han exhibido un poder de convencimiento para poner de su lado a guardianes fronterizos. Existe además un grueso fluir de visas dominicanas, expedidas en Haití más que en algún otro sitio del exterior; convertidas en moneda de cambio que se obtiene por altas sumas de dinero a través de intermediarios sin necesidad de pasar por el filtro de las propias sedes consulares en el vecino territorio.
Acciones taimadas que llevan a suponer, como se ha escrito por otros medios, que las plazas consulares están siendo utilizadas para favoritismos que conducen al enriquecimiento; un medio para la premiación y saldo de deudas que el poder contrae con aquellos que cotizan de manera importante para la lucha y la conquista de la gran ubre que es el Estado. Según la ley, las solicitudes de visa deben ser personales y directamente en las sedes que representan a República Domincana en muchos lugares del mundo. Traficarlas a través de agencia de viaje quebranta normas legales sorprendente en la llamada «era del cambio», pues siempre ha ocurrido.
Mediante una investigación el periódico Listín Diario comprobó que en los años 2020 y 2021 la emisión de visas dominicanas en el país vecino aumento un 41% sin que pudiera establecerse si los precios finales a disposición de adquirientes de toda laya correspondían a un encarecimiento dispuesto por los propios funcionarios consulares o por los proveedores de trasmano que estarían obteniendo jugosos beneficios como «cónsules ad hoc» facilitando ingresos indiscriminados de individuos que no necesariamente vienen a hacer turismo en el país. En una de sus entregas sobre el tema, el Listín reveló que solo en el barrio Petion Ville de Puerto Príncipe se recibieron en un lapso 269,625 pasaportes visados con los signos del Estado dominicano.
Distorsión a la vista
El periodista y diplomático Juan Bolívar Díaz afirmó recientemente, al abordar el tema de la migración recibida desde Haití, que es difícil establecer la realidad de cuántos de ellos están asentados actualmente en el país de manera regular o no y atribuyó al «discurso ultranacionalista» el terreno ganado en el ánimo de los dominicanos explotando el miedo a través del racismo y la xenofobia.
Sin embargo -asevera- existe un instrumento científico que permite una aproximación mucho más efectivo que la percepción, «que en este como en casos similares se nutre de la subjetividad y los engaños». Sin demostrarlo suele decirse que en el país residen dos y hasta tres millones de haitianos.
Recordó que la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) realizada en 2012 y 2017 estableció que la población de inmigrantes en República Dominicana era para las fechas de 579,933, un 5.6% de la población total, de los cuales 491,815 eran personas nacidas en Haití: 4.9% de la población nacional. Fundó su confianza en la medición recordando que la investigación demográfica aplicada por la ENI abarcó visitar con indagaciones a 73 mil 286 viviendas y lugares de trabajo con 223 mil 528 entrevistas de las cuales 26 mil 419 fueron a extranjeros seleccionados en las zonas de mayor afluencia. Con sondeos menos extensos se vaticinan los triunfos electorales en todo el mundo.