La ex vicepresidenta de la República Milagros Ortiz Bosch afirmó hoy que la Junta Central Electoral (JCE) debe adoptar medidas que castiguen lo que considera “una grave intervención” estatal en la libre determinación del sufragio ciudadano, por parte de la diputada Lucía Medina, hermana del presidente de la República.

Ortiz Bosch se refirió a la revelación contenida en una cinta magnetofónica citada por los conductores del espacio «El Despertador» en que se escucha a la legisladora Medina advertir a un grupo de personas que recuerden, a propósito de la decisión política que vayan a tomar, que está pendiente su evaluación de desempeño.

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“El de la señora Medina es un mensaje muy claro: si no nos apoyan, los vamos a cancelar, lo que constituye un mecanismo de presión sobre el que la Junta Central Electoral debe pronunciarse”, expresó.

Injerencia. Ortiz Bosch expuso que la acción refleja una injerencia del poder estatal en lo que debe ser la libérrima expresión del sufragio en los términos que lo disponen la Constitución de la República, la Ley Electoral y otras normativas”.

Consideró que la acción de la diputada Medina refleja una falta de respeto por la democracia y a los ciudadanos y al mismo tiempo evidencia la impunidad con que actúan los altos dirigentes del PLD.

“El país recuerda a la licenciada Medina derramando lágrimas en la Cámara de Diputados, con el caso de las mochilas azules”; dijo tras indicar que la gente se estará preguntando de qué sirven las nuevas leyes de partidos y del Régimen Electoral si los altos dirigentes del PLD pueden apelar a recursos tan abusivos.

En otro aspecto, afirmó que la negativa a firmar un pacto eléctrico que no reforma el sistema, la presentación de una denuncia ante la Procuraduría para que determine si califica como lavado de activos el dinero que según dirigentes del PLD manejó en sus campañas electorales de 2008, 2012 y 2016, y el rechazo a la violación del Reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura «y al atropello a la magistrada Miriam Germán», son evidencias de la oposición que hace el PRM al gobierno del PLD.

Sostuvo entonces que no es con emociones que se va a vencer al gobierno del PLD, sino «obligándolo a cumplir la Constitución y las leyes, haciendo de la política un ejercicio permanente de organización, transparencia y de legalidad, visión estratégica por el cambio, que es el papel que está desempeñando en Unidos por el Cambio».

Dijo que el deterioro de la «marca PLD» y el daño que le ha causado al país inició con el Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), «siguió con el incremento de los déficits fiscales para promover las campañas políticas, y la introducción de las nóminas y los negocios de los dirigentes del PLD en la estructura del Estado».

Dijo sin embargo que el «grave deterioro institucional que se observa en el Poder Judicial, el incumplimiento de funciones esenciales del Congreso, y la incapacidad del Ejecutivo para liderar al país en la soluciones de temas fundamentales, hace muy precaria la permanencia y mucho menos la continuidad del PLD en el poder».