“Muy buenos días, le llamamos porque usted ha sido seleccionado como uno de nuestros clientes preferenciales debido a su buen servicio, por lo que ha resultado ganador de un sorteo por valor de 500 mil pesos. ¡Felicidades! Ahora solo tiene que facilitarnos algunos datos personales y bancarios para continuar con el proceso de desembolso…” y así inician las estafas, orquestadas desde las diferentes cárceles del país.

Como este son muchos los mecanismos utilizados por delincuentes cibernéticos, para robar identidad, extorsionar y vaciar los bolsillos de ciudadanos, que aún siguen cayendo en este tipo de prácticas.

Pero lo singular del caso es que las mentes maestras, contrario a lo que muchos pudieran imaginar, se encuentran presos en las diferentes cárceles del país, lugares que deberían ser resguardados, pero que al parecer operan a sus anchas.

Esto demuestra el más reciente allanamiento realizado por las autoridades en la cárcel La Victoria, que permitió el decomiso de aparatos satelitales, que emanaba señal y mantenía siempre comunicado a los internos, quienes aprovechan el tiempo tras las rejas, para ingeniar cada vez más nuevos y actualizados métodos de estafa.

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A esto se suma que, a inicios del 2022, otra intervención al mismo centro penitenciario logró el decomiso de armas, drogas y un sistema de vigilancia interna controlada por los reos, que tenía varias cámaras con la que un grupo de reclusos controlaban todo el plantel.

¿Pero cómo introducen esos aparatos?

Tras la información ofrecida por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), en la que resalta el hallazgo de 12 parábolas satelitales Starlink, así como seis repetidores de Wifi, juristas y defensores de los Derechos Humanos entienden que esto solo puede hacerse con el contubernio de las autoridades penitenciarias.

“Un preso que esté en La Victoria ¿entra él desde la calle un teléfono, un cargador? ¡No! ¿entra un router o una parábola? ¡No! Eso lo entran quienes manejan las cárceles, quienes irresponsablemente por dinero, hacen todo ese tipo de averías, lo que indica que el mal no está dentro de las cárceles, sino que está fuera”, indica el abogado Francisco Domínguez, al ser cuestionado al respecto.

Asimismo, entiende que la disposición de bloquear la señal, como estaba plasmado en un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados en 2014, no es la solución, ya que afectaría también al personal que labora en los recintos y a los vecinos de zonas colindantes con estos planteles penitenciarios.

“Tampoco tiene asidero, ni traerá una solución al problema, porque en las cárceles hay policías que tienen teléfonos, hay médicos que tienen teléfonos, hay secretarias que tienen teléfonos, hay un alcaide que tiene teléfono y además en los alrededores de las mayorías de las cárceles también viven personas y si se pone un bloqueador ¿cómo se va a saber que ese número es de un vecino y no de un preso? La solución hay que buscarla en el sistema penitenciario, en las personas llamadas a resguardar las cárceles, los presos pagan un servicio que pagan allá adentro”, sentencia.

Pero la situación preocupa también a los defensores de los Derechos Humanos, quienes entienden que esta falta de control es sirve para que dentro de las cárceles, se orquesten asesinatos, trafico de drogas y todo tipo de crímenes sin la más mínima supervisión de las autoridades.

Para Alberto Díaz, presidente de la Organización Internacional de Derechos Humanos (OIDH), esta problemática no parece tener una solución a corto plazo, ya que, a su entender, las cárceles se han convertido en un negocio para quienes la administran.

“¿Dónde está el problema de la no solución de este problema? Que las cárceles del país han dejado de ser centros de reclusión, de reforma de las conductas, o la paga de una condena, sino que se han convertido en un tremendo negocio, donde se expende drogas, donde se alquilas y se venden minutos sobrevaluados (para llamadas), con el trasiego de armas de fuego y armas blanca, la prostitución… eso es un mundo sumamente oscuro, hay personas que a veces cumplen las condenas y no quieren volver a sus casas, porque ahí es donde ellos hacen su agosto”, indica Díaz.

En ese sentido el abogado Francis Ciprián, quien también es defensor de los DD.HH., hace una llamado a las autoridades para que realicen la labor de fiscalización de estos centros de penitenciarios, con el fin de evitar que los antisociales continúen cometiendo actos delictivos en lugares llamados a reformar sus conductas.

“Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República, organismo competente, así como a la Dirección General de Prisiones, a que se le dé cumplimiento a la decisión de la Cámara de Diputados que ordenaba la restricción del uso de equipos electrónicos en las cárceles y que en cambio se instalen teléfonos, para que bajo supervisión, los internos puedan comunicarse con familiares y amigos”, indica el jurista.

Proyecto de ley que quedó en el olvido

Esta disposición a la que Francis Ciprián hace referencia, es a la aprobación en 2014, de un proyecto de ley aprobado por la cámara baja en 2014, que ordenaba el bloqueo de las señales en las cárceles, así como la prohibición de equipos electrónicos y de comunicación, con el fin de evitar estafas y la ejecución de crímenes desde los planteles penitenciarios.

Sin embargo, esta disposición nunca ha sido efectiva y así lo demuestra el más reciente allanamiento, en el que se encontraron los equipos satelitales que sumados a los del 2022, en los que se incautaron armas, drogas y un sistema de cámaras interno, deja al descubierto el desorden que impera e

n cárceles tan importantes para el sistema penitenciario, como La Victoria.