Aunque los principales partidos de oposición se han retirado de la mesa del CES en la que se discute la reforma constitucional, el oficialismo persiste en su propuesta, bajo la promesa de circunscribirse a la independencia del Ministerio Público y no tocar el tema de la reelección.

Como es sabido, desde la primera del 6 de noviembre de 1844, la Constitución dominicana ha sido modificada 39 veces y la mayoría de las ocasiones han buscado la reelección del Presidente de turno.

La propuesta que, hasta ahora, defiende el Poder Ejecutivo tiene la particularidad de que no busca poder, sino que lo cede. Esto en relación a la facultad que tiene el Presidente de nombrar y quitar al procurador o procuradora general.

Precisamente aquí está el punto nodal de la reacción del oficialismo y la oposición. En el caso de esta última, su negación puede deberse a dos cosas. Una pudiera ser a que, conociendo que la independencia del Ministerio Público es una demanda sumamente popular en la ciudadanía dominicana, tema que cumplirla de manera más formal, ahora en la Constitución, implique que el Gobierno acumule más capital político.

De hecho, la designación de Miriam Germán como procuradora general de la República constituye la única promesa de campaña que hasta ahora este Gobierno ha podido cumplir en un 100%, por lo que es la principal fuente de popularidad del presidente Luis Abinader y del PRM.

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La otra posible explicación es miedo. En palabras llanas y sencillas puede ser que simplemente no quieran “afilar cuchillos para sus propias gargantas”. Y es que tener fiscales sin militancia, compromisos o agradecimientos partidarios e interesados en recuperar lo robado, puede ser una espada de Damocles sobre quienes en el pasado presuntamente no administraron con pulcritud la cosa pública, e inclusive sobre quienes lo hagan ahora y en el futuro.

Ahora bien, la posición del oficialismo, de insistir contra viento y marea en esta reforma constitucional, pese a saber que es imposible modificar la Carta Magna sin el apoyo de la oposición representada en el Poder Legislativo, por los requisitos que pone la misma Constitución en los artículos del 267 al 271, puede obedecer no solo a un tema de voluntad política o cumplir promesa de campaña, sino de búsqueda de respaldo popular, algo clave para un Gobierno que en materia económica la tiene muy difícil, primero por la pandemia y ahora por la invasión de Rusia a Ucrania.

¿Qué inclinará la balanza entonces en estas posiciones cerradas? ¡El costo político! Nueva vez ha de ser la ciudadanía el factor decisivo porque si demuestra que modificar la forma de designación del procurador es innegociable, implicará una presión que pudiera hacer ceder a la oposición. La misma lógica aplica para el oficialismo, que si siente que la población le cobraría caro no cumplir esta promesa, pudiera seguir intentándolo hasta las últimas consecuencias.

En fin, esto apenas empieza, pero faltando solo dos años para las próximas elecciones y con un panorama económico lleno de tantas incertidumbres, las apuestas tendrán mucho que ver con temas de carácter institucional como este.

Solo queda desear que así sea por primera vez en la historia, más que el interés de un sector o partido, se imponga por fin, de una vez y por todas, el bien común, y que este país avance institucionalmente hablando.