La reforma de la Policía Nacional ha sido un reclamo de la sociedad durante muchos años. La delincuencia, la corrupción estructural del organismo, la creencia generalizada de que los responsables destinados a cuidarnos no eran confiables, los infructuosos programas durante los últimos 20 años de enfrentar el problema. Para combatir este gran escollo, los diferentes Gobiernos hicieron múltiples intentos, pero ninguno planteaba una reforma profunda e integral.

Esta fue una de las grandes “herencias” del actual Gobierno. El detonante para que el presidente Luis Abinader asumiera el liderazgo fue un incidente.

El 30 marzo de 2021 una pareja de pastores jóvenes evangélicos, Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, regresaban de Villa Altagracia después de celebrar un culto. Fueron vilmente asesinados por miembros de la Policía Nacional porque “confundieron el vehículo”.

El hecho significó un escándalo a nivel nacional e internacional. La prensa de casi todos los países del mundo hizo referencia al terrible suceso. Los responsables fueron apresados y sometidos a la Justicia, pero eso no bastaba. BBC News hizo referencia al tema y publicó con grandes titulares el incidente: “El carro en el que iban quedó a un lado de la carretera, con los agujeros de más de 20 balazos.

A finales de marzo pasado, la Policía dominicana mató en circunstancias nada claras a una pareja de pastores evangélicos que regresaban a Santo Domingo después de un culto.

Según versiones publicadas en medios locales, los agentes «confundieron» el vehículo en el que viajaban los jóvenes Joel Díaz y Elizabeth Muñoz -quienes se habían casado en febrero- y les dispararon.

La balacera provocó un amplio rechazo en la sociedad dominicana, al punto que el propio presidente Luis Abinader condenó los hechos -que calificó de homicidio- y anunció la creación de una comisión especial para reformar la Policía Nacional”.

El presidente Luis Abinader, en una declaración pública, señaló que “reformaría a la Policía Nacional cueste lo que cueste”[ii]. Así, decidió crear un grupo de trabajo, mediante el Decreto número 211-21, en el que nombraba a un grupo de 21 ciudadanos de todos los sectores sociales para que hicieran un diagnóstico e hicieran propuestas de transformación. Los integrantes eran: Servio Tulio Castaños (coordinador), Radhamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Rosalía Sosa, Pedro Brache, Celso Juan Marranzini, Ricardo Nieves, José Luis Mendoza, Osvaldo Santana, monseñor Francisco Osoria, Fidel Lorenzo, Mukien Adriana Sang, Héctor Guerrero, Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López, Fausto Mejía, Francisco José Torres, Manuel María Mercedes, Elena Viyella y Carolina Santana. Esta última renunció inmediatamente se promulgó el decreto aludiendo a razones laborales ya que estaba en un programa de opinión.

El decreto fue promulgado el 6 de abril 2021 y ese mismo día fue juramentado en el Palacio el numeroso grupo de trabajo.

El espacio se agotó. El próximo artículo estará dedicado a la experiencia de trabajar con personas tan diversas y con un tema tan espinoso.

El artículo anterior finalizó con la promulgación del Decreto 211-21, pero no se hizo referencia a su contenido. El CONSIDERANDO dos era muy taxativo: “Que hoy más que nunca se hace necesaria la conformación de una Policía Nacional eficiente, profesional y confiable, cuyas actuaciones estén sometidas a la Constitución y las leyes, y sean respetuosas de los derechos humanos”.[iii]

Se especificaba en el artículo 1 quiénes conformaban el Grupo de Trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, y se nombraba a sus integrantes (que ya enumeramos en el artículo anterior), especificando que estaría presidido por el abogado Servio Tulio Castaños. Especificaba también que el servicio sería honorífico y su nombramiento sería por un año.

El artículo 2 indicaba su mandato: “es un consejo consultivo que se constituye con el objetivo de elaborar y recomendar políticas públicas enfocadas en la reforma legal, institucional, operativa y funcional de la Policía Nacional”.

El artículo 3 especificaba concretamente cuáles serían sus objetivos, que eran 7:

“1. Sugerir las características deseables en el perfil de los nuevos miembros de la Policía Nacional.

Recomendar las modificaciones legales necesarias para el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional.
Promover la aprobación de los reglamentos institucionales pendientes.
Recomendar la reforma del sistema de reparto para los miembros de la Policía Nacional.
Sugerir la creación y actualización de los protocolos necesarios a fin de lograr una cultura policial basada en el servicio a la ciudadanía, en la ética y en la protección a los derechos humanos.
Formular recomendaciones para alcanzar un régimen de sanciones adecuado a los miembros de la Policía Nacional que incurran en faltas, siguiendo siempre el debido proceso.
Dar seguimiento a todos los procesos sancionados que se llevan contra los miembros de la Policía Nacional por la comisión de faltas graves”.

En mi caso particular, el domingo 4 de abril recibí una llamada del viceministro Jesús María Féliz, a quien conozco de años, solicitando mi anuencia para incluirme en el decreto. Le respondí que me gustaría pensarlo. Al lado estaba mi esposo Rafael, lo discutimos en familia y decidimos colaborar. No me gustaba mucho la idea de participar en procesos con la Policía, un organismo al que cuestionaba profundamente, pero era mi deber colaborar. Llamé de nuevo al amigo viceministro y le dije que sí. Fui al Palacio el martes 6 de abril para juramentarme junto a un grupo de personas conocidas algunas y totalmente desconocidas otras tantas. Teníamos una gran responsabilidad en las manos. El papel que jugó Servio Tulio Castaños en el proceso fue ejemplar y efectivo.

Durante esos meses de arduo trabajo se hicieron talleres con la Policía, eventos internacionales para conocer las experiencias de otros países de América Latina y Europa en materia de reforma policial. El grupo se subdividió en tres grupos. Uno que vería la parte educativa; un segundo grupo que se ocuparía de las finanzas y los aspectos administrativos; y el tercero todo lo relativo a los reglamentos, pues la ley se había aprobado y no se habían elaborado esos instrumentos para su aplicación.
Cada grupo trabajaría en dos direcciones: diagnóstico y propuestas. La coordinación estuvo a cargo de las tres mujeres integrantes. A Elena Viyella le tocó coordinar la parte administrativa y financiera; a mí lo educativo; y a Rosalía Sosa lo relativo a lo legal.

En el caso del grupo de educación tuvimos reuniones de grupo, encuentros con los incumbentes del IPE, y también con Recursos Humanos, pues ellos son los responsables del reclutamiento. Los demás grupos hicieron su trabajo y en cada reunión de la plenaria reportábamos acerca de las actividades que habíamos realizado.
Durante todo el proceso, el Presidente de la República se reunía con el grupo completo, al menos una vez al mes para dar seguimiento a los trabajos y conocer los avances que se estaban haciendo.

Uno de los grandes aportes fue el diagnóstico elaborado por una misión de UNODOC (United Nation Office on Drugs and Crime), que vino al país. El jefe de la misión fue José -Pepe- Vila, hoy Comisionado de la Reforma Policial.

Sobre este tema versará mi próximo artículo.