Tiene años. Cada gobierno aplica su propio librito

Como golpes de efecto, palos a ciegas y falta de continuidad en el tiempo podrían considerarse las medidas tomadas por los gobiernos en los últimos 20 años para reformar la Policía Nacional, en respuesta a la vinculación de miembros del organismo en acciones delictivas o que atentan contra la seguridad ciudadana.

Basta que ocurra un hecho sangriento, que consterne a la sociedad porque sobrepasa los límites, para que las autoridades de turno suban a escena nuevas o manidas estrategias para transformar un organismo que tiene inoculado el autoritarismo, la represión y la corrupción

Ahora le ha tocado el turno al presidente Luis Abinader, quien mantiene en alto la bandera de la reforma policial pero sus incursiones más directas obedecen a dos brutales crímenes cometidos por agentes policiales.

Se trata de la muerte de los esposos Elisa Muñoz Marte y Joel Díaz, quienes el 30 de marzo regresaban de una actividad religiosa en Villa Altagracia, cuando una patrulla los acribilló a tiros mientras iban en su vehículo, al confundirlos, supuestamente, con delincuentes que perseguían.

El día 3 de este mes hubo otro hecho sangriento, aunque con características distintas. La arquitecta Leslie Rosado perdió la vida a manos del cabo Janli Disla Batista, quien dijo cometer el hecho porque ella lo atropelló, junto a su esposa e hijos, cuando iban en un motor en Andrés, Boca Chica. Disla Batista no estaba de servicio y persiguió a Rosado hasta herirla mortalmente.

Por la muerte de los evangélicos el presidente Abinader dijo que “Esta triste noticia me reafirma, aún más, mi compromiso irrenunciable a una reforma policial que sea integral, que se rija por protocolos éticos y que la lleve a ser un cuerpo que cuide y proteja a todos los ciudadanos dominicanos”.

En abril creó una comisión a la que encargó elaborar un plan para transformar totalmente a la Policía y en la juramentación de sus miembros advirtió que la situación de inseguridad podría empeorar, “ya que hay muchos intereses en juego”.

Ante la repercusión de la muerte de Rosado y el clamor de la sociedad por la inseguridad, el viernes 8 el Gobierno realizó un Seminario Internacional sobre Experiencias en el Ámbito de la Reforma Policial.
El domingo 16 se anunció un plan de reforma policial, elaborado por la comisión, que incluye la promulgación del reglamento de la Ley Orgánica de la Policía y la reestructuración del Instituto Policial de Educación, el uso de sistemas de alta tecnología para detectar actos delincuenciales y la contratación de una firma internacional para evaluar el desempeño de los miembros de la Policía, entre otras medidas.

En adición nombró a un nuevo director policial, el general de brigada Eduardo Alberto Then, en sustitución del mayor general Edward Sánchez González.

Otros presidentes

Los antecesores de Abinader no estuvieron ajenos a la necesidad de transformar la Policía porque en la medida que la criminalidad y la inseguridad aumentaban, el organismo demostraba incompetencia, por un lado, y por otro se hacían cada vez más explícitas las complicidades de una parte de sus miembros con grupos delincuenciales.

Como trasfondo se destacan los bajos salarios de los agentes; sueldos de miseria incompatibles con la calidad de vida que merecen y con los riesgos de su labor. Aunque en los últimos años han recibido mejoras salariales, aún están por debajo del promedio en la región.

El expresidente Hipólito Mejía (2000-2004) creó una comisión para diseñar un proyecto de modernización policial y se tomaron acciones para procurar los cambios demandados por la sociedad. Entre estos envió al Congreso un proyecto de reforma, se aumentó el sueldo, dotó de vehículos para patrullar, expulsaron agentes que ponían en entredicho la imagen de la institución y dieron becas para estudios universitarios, entre otras medidas.

En 2005 el entonces presidente Leonel Fernández implementó el Plan de Seguridad Democrática, que buscaba tener un organismo más eficiente en su lucha contra la criminalidad. Como no llenó las expectativas, en 2010 dijo que el Gobierno elaboraba otro plan para dotar a la Policía de equipos y tecnología adecuadas para enfrentar el crimen internacional, el narcotráfico y cualquier otro tipo de delincuencia.

El expresidente Danilo Medina no se quedó atrás. En noviembre de 2012 creó la Comisión Presidencial para la Reforma Policial, que tenía entre sus prioridades formular iniciativas y normativas orientadas a modificar integralmente a la Policía Nacional. La comisión fue presidida por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, e integrada por el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul; el procurador Francisco Domínguez Brito, y el jefe de la Policía, José Armando Polanco.

En marzo del 2013 Medina anunció el inicio de la estrategia dirigida a devolverle a la ciudadanía la tranquila perdida, con el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, que incluía la transformación de la Policía, la implementación del Sistema Integrado de Emergencias 911, el programa de prevención “Vivir Tranquilo”, el plan para el registro y control de motocicletas, un sistema de seguridad vial, la estrategia para el control de drogas, medidas de refuerzo a través de la Procuraduría General de la República, el registro y control de armas y un observatorio de la violencia.

La Policía Nacional y sus orígenes

La creación

La Policía Nacional fue creada en 1936, durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina. En todo ese período actuó bajo los lineamientos de ese régimen de terror y a su caída, en 1961, siguieron los mismos esquemas represivos, que tuvieron un nuevo relieve en los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer. En esos años los crímenes de la Policía se dirigían hacia miembros de los grupos de izquierda que enfrentaban el régimen balaguerista. Al llegar la democracia en 1978, con la ascensión al poder del presidente Antonio Guzmán, se acabó la persecución política, pero no cesó la represión de la estructura policial, tanto para enfrentar las acciones delictivas o he

chos violentos que conspiraban contra el orden público. No era casualidad que, en los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en las Américas, República Dominicana siempre encabezaba las listas de los países con más muertes extrajudiciales a manos de agentes policiales. La Policía las denomina como intercambio de disparos entre agentes y delincuentes, que en su calificativo más coloquial no era más que la orden del “dale pa’ abajo”. Con las desigualdades sociales creciendo a la par que la delincuencia, el método utilizado por el cuerpo del orden para enfrentar el crimen era, y lo sigue siendo, el “dale pa’ abajo”.