La reforma de la Policía Nacional emprendida por el presidente Luis Abinader prácticamente desde su llegada al cargo en el 2020, enfrenta un viejo modelo de comportamiento colectivo corrupto, desorganizado y anacrónico, el cual se resiste a desaparecer, porque ha persistido mediante impunidades manifiestas, con ligeras variantes, desde la fundación de la institución del orden en 1936, como cuerpo represivo del dictador Rafael Trujillo.

Expresión desesperada de aquel moribundo patrón policial es la denuncia hecha por las autoridades de millares de municiones robadas de los depósitos de la institución, fechoría cometida por sus propios agentes de alto y bajo rangos, quienes actuaron como una red criminal. El caso adquiere connotaciones peores, pues, se asegura que las municiones fueron a parar al arsenal de las pandillas haitianas que operan en Puerto Príncipe, vendidas por involucrados, un hecho que afecta directamente la relación oficial domínico-haitiana.

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El Ministerio Público anunció el domingo el arresto de un coronel, tres capitanes, un segundo teniente y seis alistados, como los integrantes de un grupo delincuencial que operaba dentro de la Policía Nacional y que sustrajeron casi un millón de proyectiles del depósito de la institución en el curso de una práctica delictiva grupal de larga data bautizada por la fiscalía como “Operación Pandora”.

Luce evidente que, para sustraer un arsenal de tal magnitud, los sospechosos necesitaron bastante tiempo para la comisión del ilícito penal descubierto por las autoridades, debido a que la investigación fue abierta en octubre a instancias elevadas al MP por la flamante ministra de Interior y Policía, Faride Raful, junto al director de la Policía, General Rafael Guzmán Peralta.

La investigación profunda condujo a la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones bancarias, declaraciones de testigos, datos de dispositivos electrónicos, los cuales conforman, según las autoridades, un robusto pliego de pruebas para su presentación ante el juez de la instrucción.

Con el descubrimiento de este espeluznante caso, la reforma policial emprendida por Abinader ha asestado un duro golpe a los criminales que aún operan dentro de la Policía Nacional, acostumbrados a vivir al margen de la ley traficando con la influencia social que proviene de su pertenencia a la uniformada.

La Constitución dominicana establece en el artículo 255, que la misión de la Policía Nacional consiste en salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos, perseguir e investigar las infracciones penales bajo la dirección legal de la autoridad competente y mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica.

Por tanto, creo firmemente que cada vez que se descubre y persigue un caso de corrupción dentro de las filas policiales, se fortalece la Reforma Policial impulsada por el presidente Abinader y se consolida la salvaguarda de la seguridad ciudadana.