Pensábamos que lo peor había pasado. Pero la historia tiene sus vaivenes y reveses, y las páginas que se escriben hoy República dominicana son tenebrosas. La regresión de derechos y el autoritarismo cobra un auge nunca visto. El neofascismo se afianza desde el Estado, y corroe la sociedad con sus principios más retrógradas.

La derechización del escenario político-mediático dominicano es un hecho, y lleva como norte criminalizar las categorías más vulnerables, entre ellas a los inmigrantes. Ya no solo un grupúsculo impone el supuesto “problema haitiano”, en torno al cual gira el debate. Hoy, además, se imponen soluciones radicales y anticonstitucionales desde la entidad principal que rige la nación. Su más reciente expresión es el operativo de deportar hasta 10,000 inmigrantes (haitianos) por semana.

El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional anunció dicha medida con tono que presagia una situación prácticamente de guerra, utilizando como escenario el Ministerio de Defensa, y en presencia de los altos mandos militares y el presidente de la República. Acaso, uno se llegó a preguntar, ¿serían finalmente atacadas las causas de la desigualdad extrema e injusticia social que sacude el país? Pero no, el escenario era otro. Nuestro régimen de castas tiene a sus intocables, y también sus chivos expiatorios. No es un azar si Leonel Fernández, Abel Martínez y Luis Abinader se alían al unísono contra “los haitianos ilegales”.
Los dirigentes de la partidocracia dominicana que han hecho uso del erario y despilfarrado (cuando no privatizaron) el servicio público, reinvierten sus responsabilidades inventando el supuesto origen de nuestros males: los ciudadanos más indefensos, explotados y excluidos, día y noche en nuestro país. Bajo el alegato de protección de la soberanía nacional, se adoptó una insólita política de persecución y expulsión masiva contra la “inmigración irregular”, típica de un régimen de excepción.

¿Quién está en la ilegalidad? En primer lugar, si todo Estado es soberano en aplicar sus políticas, éstas no pueden desarrollarse al margen de la ley ni ser separadas del principio de legitimidad democrática (no solo en materia de procedimientos, sino también, y sobre todo, en materia substantiva de protección de la dignidad humana). El régimen de deportaciones masivas contra poblaciones haitianas o de apariencia haitiana lleva hoy un arsenal de prácticas violatorias: detención arbitraria, uso desproporcionado de la violencia física y verbal, violaciones, robo de dinero y otros bienes, hacinamiento, maltrato y extorsión, detención de menores de edad, de mujeres embarazadas y de personas en estatus migratorio regular.

En segundo lugar, no se puede partir de que “toda persona en estatus irregular no tiene derecho a estar en el país”, sobre todo cuando es el Estado quien ha creado esta situación: al impedir la regularización de personas mediante la paralización hasta recientemente del Plan Nacional de Regularización de Migrantes (PNRE), al no acatarse a la ley 169-14 que exige la restitución de derechos a los dominicanos desnacionalizados y exige encaminar el proceso de naturalización para decenas de miles de personas nacidas en el país. En pocas palabras, quien infringe doblemente la ley es el Estado al expulsar violentamente una población a quien despojó de sus derechos o no ha regularizado.

Estas prácticas son propias de un crimen de Estado. Es decir, esa violencia que se ejerce de manera planificada ante un grupo poblacional específico, violando la propia ley del Estado y los más elementales derechos universales del ser humano. Su objetivo es comunicar un mensaje político e ideológico, provocando terror y miedo sobre todo a la población deshumanizada. Los estudios internacionales sobre el terrorismo de Estado enfatizan que esta política busca también intimidar a todo grupo que ose romper con el pensamiento de Estado. En nuestro país, esto se aplica doblemente: primero, ante un sector que clame por justicia en el mar de atrocidades cometidas por el gobierno. Basta leer la advertencia de tolerancia cero ante cualquier cuestionamiento, expresado por la ministra de Interior y Policía: “El gobierno tiene claro su compromiso con los dominicanos y las leyes migratorias. En ese sentido, se llevarán a cabo las medidas del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Frente al oportunismo y la mentira, firmeza, legalidad y orden.” Segundo, el terrorismo de Estado busca atemorizar las clases populares que intenten desafiar la arbitrariedad y brutalidad del Estado. Múltiples han sido las manifestaciones de solidaridad en los operativos de Migración, donde la población dominicana desamparada por el Estado se interpone contra la injusticia en perjuicio de las víctimas de la actual persecución. Como en 1937, renace hoy una política del terror con el objetivo de imponer una separación drástica entre estas poblaciones y romper con la sociabilidad que crea cotidianamente la vida en comunidad.

Este uso de la fuerza ilegal contra poblaciones civiles revela la cara inhumana y autoritaria que nos rige. Un Estado que gobierna mediante la coerción y la intimidación, utilizando a las poblaciones civilmente más expuestas y débiles. Un Estado que priva ciudadanos de sus libertades y derechos, actuando bajo “Firmeza, legalidad y orden”. La misma premisa que fraguó las peores atrocidades de la historia universal. La “mano dura” sobre la cual se basaron 31 años de dictadura en este país, ensangrentados luego por el golpista Triunvirato, el balaguerato, y sus secuelas en los regímenes del PLD-PRD-PRM.

¿Cómo llegamos a crear un estado de incertidumbre y angustia total que constriñe hoy día a una población a vivir bajo la amenaza permanente? ¿Cómo llegamos a construir un proyecto de nación fundamentado en el odio, el abuso y el sufrimiento hacia una población? El gobierno ha hecho posible lo pretendido por los extremismos más rancios y conservadores del plantea. Hay un país en el mundo, gobernado hoy por unos cuantos muy alejados del pueblo, que es hoy precursor de atrocidades al parecer sin límites. Un Estado que ejerce el racismo como política, incluso contra sus propios ciudadanos, es un Estado que no solo ha abdicado ante sus deberes fundamentales, sino que se ha convertido en el principal promotor de la barbarie. Esto puede y debe detenerse.