La Junta Central Electoral (JCE) emitió su posición respecto al recurso de amparo sometido ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano, sobre los fondos correspondientes a la contribución estatal para el financiamiento de los partidos políticos en el presente año electoral.

En una comunicación, el Pleno de la JCE, tras analizar y valorar los términos expuestos, establece que el pasado 6 de febrero de 2024, en respuesta a una solicitud formulada, remitió una misiva al Ministro de Hacienda de la República Dominicana, José Manuel (Jochy) Vicente, con copia al presidente de la República, Luis Abinader, y al viceministro de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones y Director General de Presupuesto, José Rijo Presbot.

La JCE comunicó su posición favorable a asignar a las organizaciones políticas reconocidas y con derecho al financiamiento del Estado el equivalente al medio por ciento (1/2 %) de los ingresos nacionales para el presente año 2024, que incluye las elecciones generales ordinarias programadas para el 18 de febrero y el 19 de mayo, así como la posibilidad de una eventual segunda vuelta el 30 de junio de 2024.

Aclaró además que, a pesar de su posición favorable, la Ley No. 80-23, que aprueba el presupuesto general del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2024, asignó la cantidad de RD$2,520,800,00 para ser distribuida a las organizaciones políticas, de acuerdo con las contribuciones especiales. Esta cantidad ha sido entregada en su totalidad a las organizaciones políticas en dos partidas, según las decisiones del Pleno JCE-SG-CI-00210-2024 del 1 de febrero de 2024 y del Pleno JCE-SG-CI-00279-2024 del 13 de febrero de 2024.

La posición de los partidos

Los partidos antes citados depositaron conjuntamente ante el TSE una acción constitucional de amparo de extrema urgencia contra el ministerio de Hacienda, la dirección general de Presupuesto y la Junta Central Electoral, por la violación a derechos fundamentales y principios constitucionales por la no entrega de los fondos públicos a los partidos políticos que ordena la Ley Orgánica de Régimen Electoral, núm. 20-23, lo que coloca a los partidos políticos de oposición en una situación de clara desventaja frente al partido de gobierno de cara a las próximas elecciones, quien utiliza de manera ilegal los fondos públicos para financiar todas sus actividades de campaña electoral.

En este sentido, José Dantés Díaz, secretario jurídico del PLD, afirmó que el Presupuesto General
del Estado elaborado por el ministerio de Hacienda y la dirección general de Presupuesto, de forma
inexplicable, “contempla la posibilidad de suspender del presupuesto de 2024, pero sin fecha
previsible, la provisión de fondos ordenados por leyes especiales, argumentando para ello la escasa
disponibilidad presupuestaria del Gobierno, tratando de justificar así el aplazamiento de las
asignaciones presupuestarias que prevé la normativa electoral, justamente en un año electoral, en
detrimento de todos los partidos de oposición”, afirmó.

El también miembro del Comité Político del PLD expresó que “es profundamente reprochable, y más
allá francamente irrazonable e inconstitucional, que, en pleno año electoral, el Gobierno Central,
difiera, sin fecha y bajo manipulaciones ilegales, el suministro de los fondos públicos que ordena
entregar la Ley Orgánica de Régimen Electoral, colocando en una situación de inequidad y
desigualdad a todos los partidos de oposición frente al partido de gobierno”.

“No es razonable que, en pleno año electoral, y con unas elecciones a la vuelta de la esquina, el
Gobierno disponga la suspensión de los fondos que la Ley Electoral ordena distribuir entre los partidos
que participarán en el torneo electoral. Esto es una muestra más de que el PRM, en un contexto tan
particular como este, quiere deliberadamente soslayar la competencia política equilibrada, procura
desnaturalizar la participación política y obstaculiza la proyección electoral de las organizaciones
políticas de oposición”, dijo Dantés Díaz.

“La suspensión de la entrega de la contribución estatal que prevé el artículo 224 de la Ley Electoral,
en pleno año electoral, distorsiona la competencia democrática, erosiona la participación política
institucionalizada y tergiversa las condiciones básicas y sistemáticas en que ha de desenvolverse el
derecho fundamental a elegir y ser elegible de la ciudadanía. De esa distorsión, erosión y
tergiversación se han hecho cómplices el ministro de Hacienda y el director general de Presupuesto
en sus respectivas personas, así como la Junta Central Electoral, que es el órgano a través del cual
se distribuyen los recursos, al adoptar la medida manifiestamente arbitraria e ilegal que hoy lesiona
los derechos fundamentales del PLD, FP y PRD”, agregó el dirigente político.