El presidente Luis Abinader encabezó recientemente una reunión del Plan de Seguridad Ciudadana en la sede de la Policía Nacional, acompañado por diversas autoridades que analizaron los indicadores sobre la creciente demanda de seguridad en el país.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que el operativo iniciado el pasado viernes continuará el próximo fin de semana en el Gran Santo Domingo y otras zonas de alta incidencia delictiva.

Durante tres días, más de 3,000 agentes de las fuerzas del orden se desplegaron en áreas críticas como el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Higüey, Samaná, entre otras.

Puede leer: La imprudencia y la tragedia en las celebraciones en espacios públicos de alto tránsito

Estas acciones demuestran una respuesta firme y decidida frente al desafío de la seguridad ciudadana, un tema que ha cobrado mayor relevancia en la agenda pública debido al aumento de la delincuencia.

Sin embargo, aunque es necesario reconocer la voluntad y el esfuerzo de las autoridades, es hora de que este tipo de intervenciones dejen de ser simples operativos temporales y se conviertan en una política de Estado más estructurada y permanente.

La presencia de las fuerzas conjuntas en las calles sin duda ha tenido un impacto positivo en el control de la delincuencia común, como lo demuestran los cierres de más de 25 establecimientos de bebidas alcohólicas y la detención de sus dueños en el Distrito Nacional.

No obstante, para lograr una verdadera transformación en materia de seguridad, es indispensable que estas acciones no se limiten únicamente al despliegue de fuerza policial y militar. Debemos ir más allá.

Es imperativo que cada sector del país cuente con un enfoque integral de seguridad ciudadana que involucre a actores locales como juntas de vecinos, iglesias y clubes comunitarios en la lucha contra el microtráfico de drogas y otros males sociales. Estos grupos pueden ser aliados clave para prevenir la delincuencia desde la raíz, promoviendo una cultura de paz y convivencia a través de iniciativas comunitarias.

Combatir la delincuencia no puede ser solo una cuestión de fuerza. Es necesario llevar soluciones que aborden las causas subyacentes del problema. En este sentido, resulta fundamental invertir en programas sociales que ofrezcan oportunidades a los jóvenes, ocupando sus mentes con actividades deportivas, culturales y educativas. Esto no solo contribuirá a reducir la tasa de criminalidad, sino que también ayudará a formar ciudadanos responsables y comprometidos con su comunidad.

En conclusión, la seguridad ciudadana es un derecho fundamental que requiere de un enfoque más integral y constante. El país no necesita más planes temporales, sino un compromiso sostenido que involucre a todos los sectores de la sociedad en la construcción de un ambiente seguro y pacífico.

El Gobierno debe encabezar este esfuerzo, pero también es responsabilidad de cada ciudadano contribuir al bienestar común. Solo así lograremos una República Dominicana más segura para todos