Por: Enoé Domínguez

El pasado 18 de agosto del año en curso, el presidente Luis Abinader, informó que tenía en agenda doce reformas, dentro de las cuales se encuentra la reforma a la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Luego de ese primer anuncio, el presidente se ha referido en varias ocasiones y en escenarios distintos sobre la necesidad de modificar la referida ley.

El gran problema de la “Seguridad Social Dominicana” es que está siendo gestionada con una vocación rentista y no cumpliendo con su objetivo, que según el artículo No.1 de la Ley 87-01, es financiar la seguridad social para garantizar salud y pensión digna para todos los ciudadanos. Sin embargo, ese sistema está estructurado para cualquier cosa, menos para garantizar una real y efectiva Seguridad Social, que garantice las coberturas de salud y pensiones dignas para los dominicanos.

Para los órganos del gobierno y los demás gestores de la “Seguridad Social”, el pueblo y los trabajadores que cotizamos para mantener el sistema no somos el centro objetivo, sino que son las rentabilidades de las ARS y las AFP. Decir lo contrarios es puro cuento. La injusticia, la desigualdad y la estafa con camuflaje de solidaridad es lo que impera en el Sistema de la Seguridad Social de la República Dominicana.

Los artículos No. 60 y 61 de La Constitución Dominicana, establecen el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. Garantizando pensiones dignas y salud integral para todos los dominicanos. Sin embargo, en el año 2006 las ARS se pusieron de acuerdo con el Consejo Nacional de la Seguridad Social y establecieron un plan básico de salud, con el cual le impusieron a la sociedad qué está y qué no está cubierto; independientemente de lo que diga la Constitución, violando el sistema jurídico nacional.

El Consejo Nacional de la Seguridad Social del 2001 a la fecha ha incrementado 11 veces el Per Cápita y todos han sido para beneficiar a las ARS. Mientras que los pacientes hemos tenido que continuar pagando el COPAGO a los médicos. Recordemos qué, el copago es la diferencia que pagamos los afiliados al sistema de la Seguridad Social, por una consulta médica, por exámenes de laboratorio, por procedimientos o por internamiento clínico.

Las aberraciones y los abusos de las ARS contra los afiliados son constantes y múltiples, por ejemplo: no autorizan los tratamientos, procedimientos y medicamentes prescriptos por médicos que no estén afiliados a la ARS del paciente y no cubren medicamentos que no estén en un famoso catálogo que ellos discrecionalmente elaboraron en componenda con el Consejo Nacional de la Seguridad Social para coartar y negar derechos. Lo anterior choca con la Ley General de Salud, No. 42-01, que en su artículo No. 92, establece que el único requisito para que un galeno ejerza la medicina en el país es que tenga un título universitario y un Exequatur emitido por el poder ejecutivo.

El otro fracaso y gran engaño que representa la “Seguridad Social Dominicana”, la cual en medio de la pandemia se ha convertido en la mayor tragedia para los afiliados, son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Con sobradas razones, en Chile han titulado a las AFP como la gran estafa legal y eso es lo mismo que está ocurriendo en la República Dominicana. El negocio de las AFP es un crimen para los dominicanos.

En el año 2020 se aprobó la ley 13-20, que incrementó las comisiones reales de las AFP, las cuales eran un 30% de los beneficios de los fondos y ahora es un 1.2% mensual del total de los fondos cumulados. Para las AFP ganar dinero, sin invertir un centavo, tan solo tienen que cruzar sus brazos y no hacer nada, porque como quiera ganan. El negocio de las AFP es más rentable que cualquier negocio delictivo. Más que el narcotráfico.

A más de 20 años de haberse instituido la “Seguridad Social Dominicana”, como resultado tenemos un sistema perverso, injusto y por demás criminal; postrado a los pies de las ARS y las AFP, las cuales son instituciones privadas que sólo les interesa lucrarse, obteniendo elevados y vergonzosos beneficios, exprimiendo y negando derechos a afiliados enfermos y que no tienen con que subsistir. Las ARS y las AFP no aportan nada a la sociedad, en medio de la pandemia reportaron ganancias excesivas, superiores a los 9,000 millones de pesos, sin embargo, niegan pensiones de miseria y ni siquiera han creado un banco sangre para socorrer a los afiliados. Las ARS y las AFP son instituciones parasitarias.

Las instituciones que administran los fondos de pensiones tienen que ser sin fines de lucro, como son las Cooperativas y las que administran fondos mutuos; pero con más interacción del Estado como garante constitucional. Lo mismo tiene que ocurrir con las ARS. No nos merecemos el sistema actual. Es imperativo un cambio estructural y funcional al Sistema de la Seguridad Social Dominicana.

El autor es Abogado, Financiero, Especialidad en Seguridad Social, Máster en Impuestos.