Actualmente el sector eléctrico dominicano enfrenta grandes retos, de los cuales el más importante se sitúa en el segmento de la distribución y comercialización de energía eléctrica por parte de las empresas distribuidoras estatales (en lo adelante Las Edes), ya que estas representan para el Estado un alto índice de pérdidas financieras.

Para esto, varios entes públicos y privados argumentan que la solución a esta problemática nacional es la privatización de Las Edes. Esta privatización abarcaría el traspaso de la gestión de Las Edes por parte del sector privado, bajo el alegato de que dicho sector gestiona con mayor eficiencia este tipo de servicio económico de interés general (en el caso dominicano se conoce como servicio público, en virtud del artículo 147 de su Constitución).

Para evaluar esta solución es importante recordar que, después del proceso de capitalización de la Ley de Reforma de la Empresa Pública, No. 141-97, el sector eléctrico sufrió importantes transformaciones, dentro de las que se destaca la descentralización de todo el negocio eléctrico que se encontraba en absoluto control por parte de la Corporación Dominicana de Electricidad (CED).

A partir de lo anterior en el año 1999 se crearon varias empresas, dentro de las cuales se encuentran las empresas distribuidoras cuya gestión primigenia estuvo a cargo del sector privado, por considerarse con mejor “capacidad de administración” y no obstante, el fracaso evidente de este sector confirmó que dicha administración no fue exitosa, sobre todo porque el Estado tuvo que asumió nuevamente el control de estas empresas.

De forma que, la propuesta nueva vez de traspasar la gestión de las empresas distribuidoras al privado, entendemos no sería la mejor solución, ya que esto conllevaría poner en manos privada como en otrora todo el sistema de distribución de energía eléctrica, el cual entendemos debe ser como en la mayoría de los países estrictamente estatal por el componente de seguridad y por la característica de servicio público que reviste, en ese sentido, somos de opinión que el Estado pudiera optar por una solución hibrida al problema, es decir, en segmentar estos dos eslabones del negocio eléctrico, y separar la distribución de energía eléctrica de la comercialización.

En tanto, se crearían dos empresas, una que solo será la responsable de distribuir la energía eléctrica, la cual estaría bajo la gestión pública y la otra que gestionaría la comercialización de energía eléctrica con el usuario final, pasaría a manos del privado.

Este tipo de esquema de separación de actividades, lo podemos encontrar en el sector eléctrico español, ya que allí existe la posibilidad de tener una empresa para distribuir y otra para comercializar, esta última tiene como objetivo comprar la energía eléctrica a los productores o generadores y venderla a sus usuarios finales, ya sea a tarifa regulada o precios libres conforme aplique.

Por otro lado, las distribuidoras llevarían la energía en media o baja tensión a los usuarios contratados por la empresa comercializadora y como contraprestación recibiría el pago, a través de una tarifa regulada. En definitiva, podemos decir que, en el caso dominicano, la regulación permite la separación de actividades, en virtud de lo que establece el artículo 2 de la Ley General de Electricidad No. 125-01.

Esto pudiera ser el paso de inicio para que los actores involucrados ponderen la posibilidad de segmentar estos eslabones y con esto lograr mejores rendimientos en los indicadores de pérdidas financieras que, actualmente, muestran las Edes, ya que se puede concluir que el problema que genera el déficit financiero de estas se encuentra en la falta de gestión de la facturación y los cobros a los usuarios finales.