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El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, aparte de su disgresión un tanto petulante, incorrecta e indiplomática, diciendo que las islas generalmente son un solo país, destacó las diferencias entre Haití y la República Dominicana en lo económico, social y político; y no se equivocó al afirmar que efectivamente se desnacionalizó a descendientes de haitianos con hasta 86 años. Una cosa es un derecho establecido por nacimiento y otra la opción teórica a la naturalización. Nadie es tonto para desconocer esa diferencia, sobre todo los perjudicados, dígase lo que se diga, como acaba de reconocer implícitamente la cancillería dominicana.

Lo que debe hacer el Estado dominicano es aplicar la regularización con firmeza e integrar culturalmente a la población con derecho a la nacionalidad, si pueden demostrar de alguna manera que nacieron en el país antes del 2010, eliminando los “ghettos”, que son los antiguos bateyes; y crear mecanismos en cada provincia para controlar efectivamente la instalación de inmigrantes ilegales, como se hace en otros países, ordenadamente y respetando los derechos humanos.

La cédula es un gran instrumento de identificación, pero no el único. Hasta 1937 no existía en el país, en 1963 muy pocas mujeres la tenían y todavía hoy en la región fronteriza del Sur, muchos carecen de esta.

La agitación pseudo nacionalista orquestada por la ultraderecha y el gobierno está ahuyentando exportaciones dominicanas que superan los mil millones de dólares por año, las que podrían ser mucho mayores, porque mal que bien la economía haitiana está creciendo. Ellos solo exportan hacia este país una décima parte de esa suma y también deben beneficiarse para garantizar su continuidad.

El Consejo Económico Binacional Quisqueya (CEBQ) propone grandes inversiones con la cooperación interfronteriza, para explotaciones industriales, comerciales, agropecuarias y mineras, que generen prosperidad a ambos lados de la frontera. Esa es una iniciativa correcta, algo por lo que yo he venido abogando desde hace cerca de 10 años; aunque debería ser supervisada por los gobiernos de la isla.

¡Basta ya de provocar resentimientos y violencia insular que nos pueden retrotraer a un pasado tormentoso, en lugar de generar cooperación, reconociendo nuestras diferencias con respeto mutuo, en atención a una vecindad inamovible e intereses comunes!
En lugar de cumplir con su deber con firmeza, haciendo el menor ruido posible, para regularizar a los trabajadores extranjeros con empleo conocido, se han exacerbado animadversiones que parecían superadas, a fin de beneficiar al continuismo; manipulando a los incautos para que confundan el patriotismo legítimo con el racismo y la xenofobia.

Se deben defender los puestos de trabajo de los dominicanos aplicando cabalmente las leyes que ya existen, como la que establece el mínimo de un 80% de trabajadores dominicanos para las empresas, e impidiendo que se trafique con extranjeros ilegales, incluyendo indigentes y parturientas, que cuentan con la complicidad de autoridades civiles y militares dominicanas.

La corrupción y la violencia solo benefician a los delincuentes que imponen sus intereses a costa del progreso y la tranquilidad que merecen los dominicanos y haitianos a ambos lados de la frontera.

El Tribunal Constitucional es uno de los grandes responsables de esta situación de conflicto, junto a los dos gobiernos de la isla que hemos padecido…