El país no sale del asombro de los últimos actos violentos: feminicidios, homicidios, atracos, secuestros, robos con armas, bandolerismo y el control de la libertad de los barrios por actos transgresores que mantienen el miedo a los ciudadanos. Hace tiempo que nuestro país estaba en el quinto lugar de violencia en Latinoamérica, las causales eran las mismas de la región: pobreza, exclusión social, marginalidad, drogas, mercado de armas, hacinamiento, pobre acceso a los servicios, resentimiento social, desesperanza y desmoralización con desesperanza.

Los jóvenes y las mujeres continúan siendo los más afectados o las víctimas y victimarios de las causales de la violencia. Las personas que viven en la línea de pobreza sin acceso al bienestar social, van en aumento en Latinoamérica pese a que, en las últimas décadas, las economías han tenido crecimiento, pero para ser justo, crecimiento sin igualdad ni equidad en la distribución de la riqueza producida.

Esa violencia compromete más a los hombres en edad productiva, ya sea por la falta de empleo, de oportunidades, o la falta de preparación técnico-profesional, para insertarse en la economía formal; si además de todo eso, se le agrega la disfunción familiar, los maltratos en la infancia y adolescencia, las conductas disociales a edades tempranas, el trabajo infantil, la prostitución, el inicio de alcohol y droga, el abandono de la escuela, y la falta de un modelo de referencia y de identidad sano en sus vidas, entonces, la violencia es un resultado que se puede esperar y que lamentablemente continuará.

Frente a la epidemia de actos violentos, de inseguridad ciudadana, de vulnerabilidad en que vivimos con el riesgo de caer o sufrir de la violencia social, cada gobierno plantea políticas, planes, propuestas y programas para prevenir, controlar o disminuir la delincuencia en todas sus manifestaciones.

Ahora se le suma las patologías sociales producto de la pandemia: proliferación de insensibilidad social, indiferencia y desesperación social, crisis económica, restricción de libertad, pérdida de empleo, frustración y miedo social, resentimiento, egoísmo, falta de solidaridad y de altruismo social, etcétera.

Debido a que las causas, son multifactoriales, y acumuladas por años, tantos los diagnósticos como tratamientos, también han sido lentos, circunstanciales, y de respuestas mediáticas. Es decir, en nuestro país se ataca la violencia hacia los efectos, no a las causas de la violencia social; de ahí que siempre se piense en la policía, las armas de fuego, policía en las calles, el ejército de apoyo, desarme, compra de armas, revisión del código penal, etcétera.

Los países que han aplicado políticas públicas para la prevención y tratamiento a la violencia social han invertido mucho en salud, educación, gasto social, acceso a servicios de calidad, empleos decentes, vivienda, electrificación, intervención a los barrios más desiguales, oportunidad para jóvenes y mujeres, disponibilidad de cursos técnicos y desarrollo de habilidades y destreza para los jóvenes en condiciones más vulnerables.

La otra cara, dificultad para acceso fácil de armas de fuego, control de tráfico de drogas y armas que entran de contrabando, venta de armas ilegales, control de bandas y punto de drogas, control de la reincidencia de actos delictivos, mayores programas para los jóvenes y adultos en conflicto con la ley, y los jóvenes en condiciones de alta peligrosidad por los indicadores psicosociales y socioeconómico y sus actos delictivos.

Los diagnósticos psicosociales de los barrios de mayores índices de actos violentos, para empezar programas de intervención psicosocial, ambiental, de servicios y de vida digna de forma integral, se pueden ver resultados con menos actos delictivos en el corto y mediano plazo.

El enfoque no puede ser reduccionista, circunstancial o de S.O.S., debido a que en el corto tiempo se caen los programas por falta de recursos, de la desintegración institucional, por la visión vertical en la aplicación.

La respuesta es horizontal, multifactorial, de varios sectores y de mayor inversión social. La violencia nos afecta a todos; todos podemos ser víctimas directa e indirecta de una violencia estructurada que la sociedad y el Gobierno no pueda parar ni prevenir. Se impone la sostenibilidad de políticas públicas integrales para prevenir la violencia social y las nuevas patologías sociales.