Soy amigo de Julio Martínez Pozo y de Danny Alcántara, y si me hubieran consultado antes de la fatídica rueda de prensa del lunes, les hubiese aconsejado en el sentido contrario a esa actuación. Mantener la calma en situaciones conflictivas es fundamental para salir airoso, y ambos perdieron el sosiego cuando se precipitaron a formular denuncias graves, difíciles de comprobar, contra el Procurador Jean Alain Rodríguez, acusándolo de perseguirlos, intimidarlos y amenazarlos.
Ese es un mal pleito. Actúan ligeramente cuando afirman que la Procuraduría pretende acusarlos de intermediarios del empresario Ángel Rondón en una supuesta repartición de dinero a funcionarios y congresistas. Nadie conocía ese detalle, pues el comunicado publicado el domingo por el procurador no menciona nombres, y únicamente reitera que sin importar estatus político, social o profesional toda persona o institución requerida está obligada a suministrar las informaciones solicitadas.
En cambio, las afirmaciones de los colegas Martínez Pozo y Alcántara sí permitió al procurador confirmar que investiga a ambos por el caso Odebrecht e informar que actúa bajo la autorización del juez especial Francisco Ortega, aunque niega la alegada persecución y el chantaje denunciado por los comunicadores.
Un aspecto pasa por alto: todos somos pasibles de ser investigados por la Justicia en un momento determinado. La Procuraduría cuenta con la facultad legal para investigar a cualquier ciudadano y el investigado enfrenta el dilema de cooperar o no con la investigación. Quizá con Odebrecht la fiscalía debía investigar concomitantemente a las empresas locales asociadas desde 2001 hasta 2014 cuando se concedieron los sobornos -razones tendrá para no hacerlo-, pero no corresponde a los periodistas imputar “torpeza procesal” a los fiscales, pues esa es materia de abogados expertos.
Espero que los colegas salgan bien del atolladero en que están metidos.