Melvin Matthews 
Las legítimas aspiraciones del procurador general, Jean Alain Rodríguez, y de Laura Guerrero Pelletier, procuradora anticorrupción, a que el expediente de los sobornos de Odebrecht no quedará impune, y que los imputados serán sancionados conforme a la ley, no deben traspasar los límites del debido respeto que merecen los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Porque ya es costumbre que desde atalayas de la PGR se lancen sórdidos ataques denostando la imparcialidad, probidad y decoro de los magistrados del alto tribunal, específicamente durante el manejo de sensibles casos de corrupción seguidos con avidez por la opinión pública.
En ese sentido, tiene razón la jueza Mirian Germán, presidenta de la Sala Penal de la SCJ, cuando afirma públicamente que, de un tiempo a esta parte, “no solo esta Procuraduría General de la República se ha acostumbrado a irrespetarnos”, debido a que nadie nunca le ha recordado que solo son una parte en el proceso y que los jueces son terceros imparciales. Alude a las flamantes declaraciones de Guerrero Pelletier, quien entre otras cosas expresó que las tácticas dilatorias en el caso Odebrecht responden al interés de que sea designado un juez favorable a los acusados y a la impunidad. Recordó que el exprocurador Francisco Domínguez Brito argumentó “desconfianza hacia la Suprema” para no recurrir una decisión favorable al senador Félix Bautista.
Las afirmaciones de Guerrero Pelletier contienen una gravedad inusitada, porque no solo perfila preferencia hacia el magistrado Ortega, sino que calla los nombres de los jueces favorables a los encartados y a la impunidad, lo cual arroja un lodazal sobre la integridad de los restantes 15 miembros de la SCJ.
Si la Procuraduría irrespeta la imagen y honradez de la Suprema, ¿qué podemos esperar del resto de la sociedad? Craso error.
