Una reforma aprobada por la Cámara de Diputados de México autoriza que los recursos «abandonados» en bancos se utilicen para financiar cuestiones de seguridad pública. La propuesta fue enviada al Senado, donde debe ser avalada para su promulgación.

El A,B,C de la reforma

El proyecto fue presentado por Ignacio Mier y Juanita Guerra, diputados de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el documento, los legisladores argumentan que dado que México es «víctima del crecimiento exponencial de la delincuencia en sus diferentes modalidades», es necesario reforzar a las instituciones y acciones de seguridad pública a través de un presupuesto más robusto.

Por ello, los legisladores proponen que «los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados» de las cuentas «abandonadas» sean utilizados para «políticas y acciones de combate a la delincuencia».

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Las instituciones bancarias estarían obligadas a entregar los recursos confiscados durante el año al gobierno dentro de un plazo máximo de 15 días contados a partir del 31 de diciembre.

Desde 1990, en México es posible confiscar recursos de cuentas que no hayan registrado movimientos por tres años, pero en ese caso el dinero se transfiere a una cuenta global. Si el patrimonio sigue sin presentar actividad alguna por tres años más, los recursos se destinan a una beneficencia pública.

La iniciativa enviada por Mier y Guerra fue aprobada por la cámara baja con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención el pasado martes y un día después fue recibida por el Senado, quien ya inicio con las discusiones para su eventual votación.

Los detalles de la propuesta

El proyecto pretende modificar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito Federal con el fin de que los recursos inactivos que hayan sido enviados a una cuenta global prescriban en favor de la seguridad pública después de seis años y no hacia una beneficencia como sucedía.

El dinero que se recaude será distribuido en un 50 % a las fuerzas federales, 30 % para los estados y 20 % para los municipios y alcaldías del país. Las instituciones bancarias estarían obligadas a entregar los recursos confiscados durante el año al gobierno dentro de un plazo máximo de 15 días contados a partir del 31 de diciembre.

López Obrador indicó que es posible que los recursos no sean utilizados en temas de seguridad pública, como plantea la reforma, sino en programas sociales, ya que todavía «hay tiempo» para que el Senado modifiqué la propuesta.

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La disposición también limita el monto a incautar por cuenta. La ley en vigor establece que los recursos confiscados no pueden exceder los 1.537,1 dólares (300 días de salario mínimo), la modificación planteada aumenta la cantidad a cerca de 2.600 dólares.

Otro destino para los recursos inactivos

En su conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que es posible que los recursos no sean utilizados en temas de seguridad pública, como plantea la reforma, sino en programas sociales, ya que todavía «hay tiempo» para que el Senado modifiqué la propuesta, dijo.

«Que se profundice más sobre el tema, como todavía tiene que ir al Senado hay tiempo, porque parece que lo confiscado en el caso de delitos, un porcentaje, es para la Federación y otro para los estados, y yo diría no, que sea para personas con discapacidad, para adultos mayores, para la salud», explicó.

Las críticas detrás

La medida ha generado diversas críticas por parte de expertos y opositores como el expresidente de México Vicente Fox, quien acusó que «se trata de una mini nacionalización bancaria».

Al respecto, el senador de oposición Miguel Ángel Mancera, indicó que la apropiación de cualquier tipo de cuenta es «inconstitucional» y añadió: «No lo podemos permitir».

En un análisis más detallado, el expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Mario di Costanzo, indicó que en el país hay muchos trabajadores que desconocen que sus ahorros para el retiro se ubican en cuentas no asignadas, así como beneficiarios de seguros médicos que no saben que hay dinero bancario concedido a ellos y que estas personas podrían perder estos recursos de aprobarse la iniciativa.

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«¿Les parece justo?», escribió el funcionario en su Twitter.

La postura del presidente

Como respuesta a todas las acusaciones, López Obrador consideró que se ha hecho «un escándalo» por la iniciativa y aseguró que los bancos están detrás de las críticas.

«Advierto que hay intereses de los bancos, porque hay mucho dinero que va quedando en los bancos», afirmó el presidente.

Asimismo, López Obrador negó que el gobierno necesite recursos para poder financiarse pues goza de finanzas sanas.

«Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. No hay que andar bolseando como lo hacían antes: aumentando impuestos, gasolinazos, endeudando al país», aseguró el mandatario.