El misterio que rodea la investigación del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, quien fue visto por última vez mientras acudía el pasado martes 2 de octubre al consulado saudí en Estambul, ha impactado estrepitosamente al mundo por las versiones que se han conocido. Se presume que sufrió una muerte violenta y su cuerpo fue sacado en vehículos diplomáticos del consulado de Arabia Saudí en Estambul, Turquía.

Se conoce a Jamal Khashoggi como exiliado en Estados Unidos desde el año 2017, considerado un fuerte crítico del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salmán, colaborador de The Washington Post, y un intelectual con posturas disidentes.

Además, esto ha concitado un conflicto de dimensiones internacionales entre Turquía y Arabia Saudí, ya que, la policía turca ha referido que no está lejos de descubrir qué ocurrió con el cuerpo del periodista saudí, y el pedido de Turquía para registrar el consulado saudí en Estambul para buscar a Jamal Khashoggi, aunque es producto de su inconformidad de la versión que han dado a los hechos las autoridades Saudíes podría contravenir los principios establecidos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la que Turquía y Arabia Saudí son países signatarios.

Estos hechos, que rememoran la violencia del Estado contra un periodista disidente del régimen Saudí, constituyen un marco propicio para valorar las dimensiones de los riesgos y amenazas a los que está sometido el libre ejercicio del periodismo en gran parte del mundo, sobre todo, en países con fuertes restricciones a derechos humanos, donde impera la dictadura y la represión.

Pero también constantemente, se observan limitaciones y vulneraciones del ejercicio libre del periodismo y la opinión por parte de sectores que no son parte del Estado, nos referimos por ejemplo, a organizaciones paramilitares y a la criminalidad organizada.

En ocasión de la disertación sobre “peligros y amenazas del narcotráfico contra la libertad de expresión”, realizada por el periodista mexicano Roberto Rock, miembro del consejo directivo y ex director del diario El Universal de México, se extrae de este que “los medios de comunicación y la sociedad deben ampliar el debate sobre el problema del narcotráfico, ya que el mismo rebasa fronteras, atropella soberanías y supera los alcances de cualquier Estado”.

Se considera que el narcotráfico es un peligro para la prensa y los periodistas en el sentido de que frena la vigencia de toda libertad, debilita nuestras democracias y trae la desigualdad social.

Entendemos que el narcotráfico y la criminalidad organizada deben ser vistos como traumas sociales que repercuten directamente en la libertad de expresión cuando sus promotores acuden a medios de represión en contra de periodistas que ejercen su profesión de manera seria y frontal contra aquellos que pretenden desarticular todo aquello que restrinja la institucionalidad, y es que, si tomamos en cuenta el ejemplo de México podemos observar que este país ha recibido fuertes impactos del crimen organizado, lo que ha generado, por supuesto, cierto temor no tan solo de los periodistas, sino también de las autoridades de expresarse en contra de este flagelo.

Existen periodistas comprometidos con el combate al narcotráfico y al crimen organizado, muchos en ocasiones dan muestras de lo abominable que consideran estas escorias de la democracia, Sin embargo, si la institucionalidad de un país llega a ser afectada desconsiderablemente por la represión, la vulneración a derechos humanos o el crimen organizado a través del narcotráfico y el lavado de activos, es evidente que esto puede imponer violencia, muerte y autocensura al periodismo y al libre ejercicio de la libertad de expresión.

El periodismo tiene grandes y comprometedores retos ante la libertad de expresión, porque si bien es cierto que presenta extraordinarios males que vencer, es una realidad evidente que sectores interesados en el resquebrajamiento de la institucionalidad y toda forma de persecución contra el crimen organizado les interesa, no tan sólo destruir el sistema democrático, sino también, en ocasiones, atentar contra aquellos que ante los medios de comunicación (periodistas y profesionales de la comunicación social) entienden que enfrentar este sector implica luchar por un país más justo, democrático, y en donde la libertad de expresión sólo este cohibida por aquellas normas morales que obligan a preservar la ética en el ejercicio de la profesión de comunicar, que es nada más que la exigencia de informar apegado a la verdad.

En consonancia con nuestros postulados iniciales, vemos que, no tan solo el riesgo del crimen organizado, las organizaciones paramilitares, el narcotráfico y el lavado de activos pueden llegar a ser riesgos o factores críticos que vulneran el libre ejercicio de la libertad de expresión, sino también, que las sociedades sufren cuando a través del Estado, como en el caso de Jamal Khashoggise restringen estos derechos. Esta es una lucha que los pueblos de América y el mundo aún deben enarbolar.