El consultor jurídico del Poder Ejecutivo declaró recientemente que pronto se nombrará un administrador temporal de las plantas de carbón las Catalina. Como el antiguo administrador fue cancelado hace un par de meses, realmente no se sabe quién hoy autoriza pagos, nombra personal y realiza la compra más costosa que efectúa el Estado, que es el carbón.
Menos de dos meses después de su toma de posesión, el presidente Luis Abinader emitió un decreto el 6 de octubre de 2020 nombrando a César Domingo Sánchez Torres como coordinador de una comisión técnica internacional que “licitaría la escogencia de una empresa especializada en plantas termoeléctricas de carbón para que se encargase de operar y mantener las Catalina”.
En esos días, además, se rumoraba que el ministro de Hacienda había pedido la ayuda de la empresa consultora que utilizada para colocar los bonos soberanos para que sugiriese candidatos. Durante el Gobierno de Danilo Medina la comisión cuyo objetivo fue analizar la construcción de las dos plantas y que encabezó monseñor Agripino Núñez Collado también había sugerido que su administración estuviese en manos de una compañía internacional con experiencia y no vinculada a operación alguna en el país en el campo energético.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué se desistió de un administrador de reputación internacional? Si ahora se nombra a un empresario dominicano, inmediatamente se dirá que representa los intereses del grupo empresarial al cual está vinculado. Si fuera a un político ya contamos con la experiencia histórica de políticos administrando empresas públicas.
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La Rosario era una mina de oro en el sentido más realista de esa frase y, sin embargo, unos diez años después de haber sido estatizada cerró por pérdidas y dejando pasivos ambientales enormes. Hoy día esa mina es manejada por la Barrick, que es el mayor contribuyente con impuestos en el país y su oro es nuestro principal producto de exportación.
De los doce ingenios que eran de Trujillo, incluyendo el Central Río Haina, el entonces más grande del mundo, actualmente apenas opera uno, el de Barahona, manejado por una empresa centroamericana, y de las veintidós empresas y comercios que operaban bajo CORDE apenas existen dos, ambos operados por empresas extranjeras: Molinos Dominicanos y La Tabacalera.
Andrés Vanderhorst, director del Fideicomiso Reservas, declaró que la comisión de cinco técnicos actuará como un consejo de directores y no como administrador.
Urge seleccionar a la firma extranjera especializada y cuyos ingresos estarían representados exclusivamente por una comisión de administración, sin ser accionista, ya que el presidente Abinader ha tomado la decisión de no privatizar, sin explicar los pros y los contras de esa disposición. Fue un cambio de parecer pues en el presupuesto del 2021 había una partida de ingresos provenientes de la venta de bienes del Estado que por su cuantía tan solo podía significar la venta de algunas de las acciones de las Catalina.
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Sugerimos una medida que solo representaría ventajas políticas: que los fondos de pensiones de obreros y empleados inviertan parte de sus reservas en acciones de las Catalina. Ese tipo de privatización sería muy bien visto pues aumentaría la rentabilidad de la cartera de esos fondos hoy invertidos en pagarés del Estado y, además, representarían recursos adicionales para el fisco con qué enfrentar los hoy muy altos precios del petróleo.