Lima.- La destitución de los dos principales fiscales del caso Odebrecht en Perú, el escándalo de corrupción más emblemático de Perú en el que están imputados cuatro expresidentes y la líder opositora Keiko Fujimori, entre otras autoridades, ha despertado la indignación ciudadana en el país.

La investigación de los sobornos y ayudas económicas que la constructora brasileña dio a la primera plana de la política durante más de una década es el emblema de la lucha anticorrupción y un fuego de intereses cruzado que tiene dividida a la Fiscalía y enfrentados a Gobierno y oposición.

¿QUIÉNES ERAN LOS FISCALES DESTITUIDOS? Los dos fiscales en cuestión son Rafael Vela y José Domingo Pérez. El primero es el jefe del equipo especial de la Fiscalía para investigar el caso Lava Jato (Odebrecht), y principal encargado de negociar el acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con la empresa para facilitar las investigaciones.

El segundo es el fiscal estrella de ese grupo de trabajo, tras ganar mucha fama por sus investigaciones contra Keiko Fujimori, a quien logró llevar a prisión preventiva por presunto blanqueo de dinero, y contra el expresidente Alan García, sobre el que busca indicios de posibles sobornos pagados por la constructora.

¿QUIÉN LOS DESTITUYÓ? El cuestionado Fiscal de la Nación (fiscal general), Pedro Chávarry. La decisión la anunció en una conferencia de prensa brindada el 31 de diciembre por la noche, a escasas cuatro horas del cambio de año, y cuando el resto del país se estaba preparando para recibir el año 2019.

La autoridad de Chávarry es fuertemente discutida por sus vínculos con una gran red de corrupción descubierta en el seno de la judicatura peruana y por su proximidad con el fujimorismo, que controla el Congreso con mayoría y tiene paralizadas una serie de denuncias constitucionales para destituirlo.

¿POR QUÉ FUERON CESADOS? El argumento de Chávarry es que no respetaron la jerarquía de la Fiscalía ni tampoco la reserva de las investigaciones, pero la versión de Vela y Pérez, que acusan al Fiscal de la Nación de ser parte de la organización criminal que ellos investigan, es que su destitución es para frustrar la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht.

Ese acuerdo, que se iba a firmar el 11 de enero en Brasil, aceleraría las investigaciones, ya que la compañía se comprometía a reconocer sus delitos e inculpar con pruebas a los receptores de sus pagos ilícitos, además de pagar una indemnización al Estado. A cambio, sus ejecutivos recibirían beneficios en los procesos.

¿QUIÉN REEMPLAZA A LOS FISCALES? Chávarry eligió como nuevo jefe del equipo especial a Frank Almanza, y a Marcial Páucar para ocupar el puesto de José Domingo Pérez. Sin embargo, los dos fiscales declinaron hoy asumir esos cargos tras conocer que el Gobierno presiona al Congreso para que declare en emergencia la Fiscalía y cambiar su dirección.

Páucar ya estuvo en el equipo especial y fue destituido por el mismo Chávarry en agosto pasado. Se le conoce por no aceptar la colaboración eficaz de uno de los imputados que puede conducir a posibles delitos cometidos por Alan García y por casi permitir que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, también investigado por sus vínculos con Odebrecht, salga del país hacia Estados Unidos.

¿CÓMO QUEDAN LAS INVESTIGACIONES? Los fiscales cesados se niegan a abandonar sus investigaciones porque consideran que su destitución es ilegal, y anticiparon que la impugnarán ante la junta de fiscales supremos, el máximo órgano de la Fiscalía, para que revise la decisión de Chávarry.

Hasta que se aclare la situación, queda en el aire el acuerdo con Odebrecht, cuya cancelación pone en peligro un grupo de cuarenta expedientes que están en mano del equipo especial y facilitaría la impunidad tanto de corruptores como de corruptos.