La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, ha puesto las cosas en su lugar al declarar que hablar a la prensa, como había solicitado el confeso asesino del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, no es un derecho que le asiste a Miguel Cruz de la Mota en su condición de imputado.

A lo que sí tiene derecho, aclaró la funcionaria, es a hablar y expresarse delante de un juez en un tribunal y siempre bajo el esquema que este determine, agregando que el acusado tuvo la oportunidad de hablar con la prensa durante el conocimiento de la medida de coerción y sin embargo rehusó hacerlo.

La insólita petición de quien ha sido descrito como un amigo de infancia del malogrado funcionario, que según la fiscal del Distrito Nacional no tiene precedentes, provocó el inmediato rechazo de una sociedad todavía conmocionada por el alevoso crimen, pero también disparó las alarmas de quienes advirtieron en la maniobra una intencionalidad perversa a la que no se le podía dar la oportunidad de materializarse.

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Sacar los casos de los tribunales para debatirlos en el tribunal de la opinión pública, mucho mas veleidosa y manipulable desde que inició el reinado de las redes sociales, se ha convertido, vuelvo a repetirlo, en una práctica común de nuestro sistema de justicia; alcanzó su máxima expresión con los grandes casos de corrupción pública, empezando por Odebrecht, pero no se ha quedado ahí. Lo peor del caso es que a estas alturas no parece haber forma de revertir esa situación, pero tampoco se advierte la voluntad de ponerle freno o cuando menos intentarlo.

Y una señal clara de que esa práctica ya desbordó los límites de lo tolerable para la sana administración de justicia lo es, precisamente, la pretensión del confeso asesino de Orlando Jorge Mera de apelar a ese manipulable y veleidoso tribunal, dispuesto siempre a creer cualquier cosa que alimente su morbo insaciable, para tratar de justificar su injustificable crimen.