Por considerarlo pertinente para el actual momento político-electoral reproduzco aquí lo fundamental de un artículo mío publicado en “Hoy” en el año 2011.

El voto preferencial fue una verdadera conquista para la democracia dominicana y muchos diputados han debido su curul a la Resolución en ese sentido de la JCE del año 2002, que fue suprimida por la ley actual, sin que llegara a ejecutarse nunca para la elección de los regidores. Por eso es lógico que la mayoría de la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de ley que lo restituye, porque esto supuso un gran paso hacia delante.

Lo que sucede es que la forma en que se ha aplicado el voto preferencial tiene algunos efectos perversos que es necesario eliminar para que este no sea una fuente de injusticias que afecten al sistema, que son las siguientes:

a) No se aplica en la elección de regidores, lo que es tanto o más importante que para los diputados.

b) Los candidatos a diputados arrastran con sus votos al candidato a senador, cuando este debiera ser electo aparte aunque en la misma boleta legislativa.

c) La falta de requisitos de militancia, idoneidad y postulación por organismos del partido se prestan a la improvisación de candidatos, cuya única virtud es el dinero o el apoyo de los poderosos.

d) Se aceptan candidaturas por “mandatos” de caudillos, muchas veces de muy escasos méritos.

e) Se suprimen candidaturas ya ganadas, de dirigentes no afines a las cúpulas partidarias, para hacer alianzas establecidas después de las elecciones primarias o convenciones.

f) Salen electas menos mujeres de lo que pretende la ley de cuotas mínimas para estas (33%), por la falta de recursos e influencia social del sexo femenino en nuestra sociedad.

Frente a esa realidad, que desmerita la conquista del voto preferencial, lo que procede es trasladar ese voto a unas elecciones primarias simultáneas de los partidos mayoritarios, que se realicen después de que se definan las alianzas electorales; que la postulación de los candidatos sea hecha por las principales organismos de los partidos y agrupaciones políticas de cada demarcación, dentro de los lineamientos generales que dé la dirección central de esas organizaciones.

De acuerdo a los votos que obtengan los precandidatos en esas primarias, estos serían colocados en ese orden en la boleta de candidatos para las elecciones generales, pero interercalándolos con las mujeres más votadas en las mismas, a razón de una cada tres candidaturas; y los candidatos seleccionados por el organismo central de cada partido para sus dirigentes nacionales y las alianzas con otros partidos, en una proporción no mayor del 15%.

En el caso de los Distritos municipales, lo que procedería es hacer como en Francia, que el candidato con mayor número de votos en cada distrito, sea su director, el cual tendría participación en el Concejo de Regidores del municipio al que pertenece. El municipio correspondiente tendría a su cargo la supervisión de los distritos, para evitar el desorden administrativo que impera en muchos de estos.

Este sistema tendría la virtud de fortalecer tanto a los partidos políticos como al ejercicio de la democracia electoral en beneficio de la ciudadanía.