Tirso Mejía Ricart 
La Ley 97-275, que yo contribuí a redactar, data del 1997. Aunque debe ser actualizada, a lo que se ha opuesto en la práctica el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); es la que rige en el país los procesos electorales, por lo menos hasta que un Congreso independiente apruebe una ley orgánica.
La ley no es un procedimiento que puede ser cambiado por una simple Resolución de la JCE, como pretende el presidente de la Junta Central Electoral, amparado en una mayoría mecánica y la ayuda de las “bocinas” pagadas por el PLD y sus socios de ocasión.
Esa legislación garantiza inequívocamente el escrutinio físico de los votos en los colegios electorales en presencia de los delegados de los partidos políticos; y la posibilidad de verificar estos resultados, sin que se pueda delegar sus funciones en personas u organismos extrañas a los mismos, como señalan sus artículos 126 al 138 (Título XV).
El procedimiento de escrutinio está descrito de manera taxativa en el Art. 127, por lo que no puede modificarse ni ser “interpretado” por ningún funcionario o grupo de fuera o dentro de la JCE.
El PLD ha venido utilizando su abrumadora capacidad de propaganda con recursos del Estado, para tratar de crear una percepción de triunfo que está bastante lejos de la realidad; y pretende, con la ayuda del miembro de su comité central Roberto Rosario y compartes, negarle a los ciudadanos dominicanos sus derechos fundamentales a elegir y ser elegidos mediante el voto popular, y su capacidad de fiscalizar e impugnar, en los propios colegios electorales, cualquier irregularidad en el padrón, la identificación y el escrutinio de sus resultados en el mismo recinto, antes de que sean objeto de traslado físico o por vía electrónica es inconstitucional y un verdadero escándalo internacional. Ese derecho lo tienen los candidatos a la presidencia de la República; pero también lo tienen las decenas de miles de candidatos a puestos legislativos y municipales que hay a todo lo largo y lo ancho del país, en las provincias, municipios y distritos municipales, quienes estarán pendientes de sus intereses, algunos de los cuales pueden depender de hasta un solo colegio electoral.
Simplemente no existe ningún organismo u organismo internacional que se respete, que sea capaz de avalar esa barbaridad que se pretende cometer contra el cuerpo electoral dominicano; solo para asegurar la continuidad de un gobierno plagado de fraudes, sobrevaluaciones, delitos apenas encubiertos, impunidades, mentiras y endeudamientos irresponsables que padecemos.
El escrutinio de los votos en los colegios electorales no es un acto de complacencia del Presidente de la JCE, como él ha dicho recientemente, “para que nadie se queje de falta de transparencia del proceso”, sino un derecho fundamental estrictamente vinculado al carácter mismo de la democracia; que no puede descansar en la supuesta eficiencia de equipos susceptibles de ser manipulados, ni en la buena fe de funcionarios.
En política puede creerse en todos, pero hay que comprobarlo todo… Eso es irrenunciable…
