Las investigaciones forenses deben estar en manos del Poder Judicial, siguiendo los modelos organizacionales de esa especialidad que rigen en Estados Unidos y algunos países de Europa, a los fines de lograr un mayor nivel de independencia de las indagaciones médicos legales que sirven de apoyo en los tribunales.

Así, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estaría bajo control de la Suprema Corte de Justicia en lugar de la Procuraduría General de la República como está en la actualidad, la cual a su vez depende del Poder Ejecutivo.

Este planteamiento es del exdirector del Instituto Nacional de Patología Forense, doctor Sergio Sarita Valdez, al considerar que el patrón de muertes y las leyes mandan otro ordenamiento del área forense. “Si aquí algún día va a funcionar tiene que ser una dependencia de la Suprema Corte de Justicia, que es la autoridad máxima en justicia, porque como está constituido el Código Procesal Penal, quien elabora las acusaciones y lleva a los tribunales es el ministerio público”, expresa Sarita.

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Perfil ha cambiado

Sarita subraya que el país necesita ajustar la investigación forense al cambio del perfil de muertes violentas que ha tenido la sociedad dominicana.

Relata que cuando inició la dirección del Instituto Nacional de Patología Forense en 1981 los homicidios más frecuentes eran por armas de fuego, blancas y hasta pedradas.

Sin embargo hoy en día hay una mayor diversidad de causas de muertes violentas que ameritan un análisis forense más minucioso con la inclusión de diversas evidencias. También cita las muertes por mala práctica médica y que llegan a los tribunales.

Agrega los casos de muertes u otros delitos por efectos de las drogas ilegales que se han propagado bastante en los últimos años.

“La epidemiología ha cambiado y entonces eso se refleja en las necesidades que hay, y además se han refinado las cosas”, expresa Sarita, tras agregar que la Suprema Corte de Justicia tiene las herramientas para que se aplique la ley.

¿Estamos en pañales?

Respecto a los avances del país en investigación forense, Sarita reconoce que ha habido importantes avances tanto en estudios sobre causas de muertes como base para el aprendizaje de la ciencia y para determinación de casos en los tribunales.

Destaca, por ejemplo, que existen buenos técnicos en la Policía Nacional en levantamiento y procesamiento de evidencias, tal como es el caso de las pruebas de balísticas y de identificación. Mientras que los laboratorios privados y en la Dirección General de Aduanas cuentan con equipos avanzados. “Hay personas que tienen hasta cinco drogas en su cuerpo”, expresa Sarita como ejemplo de hallazgos.

En relación a la identificación de cuerpos calcinados, indica que en el país hay odontólogos forenses, cuatro de ellos están en Instituto de Patología Forense. A nivel de espacios adecuados para realizar las autopsias, las funerarias han llevado la delantera.

Sarita plantea que se requiere reforzar la capacidad a nivel público con mayor equipamiento, contratar mas médicos con buenos salarios.

Autopsia obligatoria

Sarita denuncia que en el país no se está cumpliendo con la Ley 136-80 que establece que se debe hacer una autopsia de forma obligatoria cuando se trata de una muerte violenta, sospecha de violencia, bajo reclusión o cualquier situación que la autoridad competente considere hay elementos sospechosos alrededor. También la ordena a los cuerpos que van a ser incinerados.

Esa ley, de autoría del entonces senador de la capital Salvador Jorge Blanco, fue aprobada en el gobierno del presidente Antonio Guzmán, quien se suicidó de un disparo y no se hizo una autopsia, comenta Sarita. “Toda muerte violenta, ya sea química, física, inmunológica, la que sea, lleva autopsia”, manifiesta.

Sarita relata que ha visto casos de fallecidos que ya están en la funeraria y llega un familiar alegando alguna causa de sospecha de muerte y de ahí se llevan el cuerpo a patología. “Es mejor hacerla y no encontrar nada que no hacerla y quedarse con la duda”.

Muerte súbita

Otro punto que llama la atención de este investigador forense es la cantidad de muertes súbitas cada vez en personas más jóvenes, por lo que considera justificado que la autoridad ordene una autopsia a fallecidos en juventud, a los fines de descartar cualquier hecho violento o arrojar nuevos elementos para la investigación médica.

De ahí que Sarita resalta la validez de las autopsias que se ordenan en jóvenes cuando no se tiene una causa específica de su fallecimiento.