La Ley No. 20-23 sobre Régimen Electoral, obliga a todos los empleados públicos de los ayuntamientos y órganos autónomos del Estado que sean candidatos a un puesto de elección popular a tomar licencia durante todo el período de campaña electoral.

Las politólogas Rosario Espinal y Angely Moreno, coinciden en que es positivo que los funcionarios en campaña tomen licencia, sin embargo, entienden que eso no evitaría el clientelismo ni el uso de sus influencias.

«Es positivo que los funcionarios en campaña tomen licencia, pero el clientelismo electoral del partido en el poder lo impulsan muchos funcionarios que siguen en sus puestos. Además, el Gobierno destina una gran cantidad de dinero en publicidad que beneficia al partido oficial», explica Espinal.

La naturaleza de la normativa en cuestión, es evitar que funcionarios públicos que se están postulando a cargos electivos puedan hacer uso de su influencia y de recursos del Estado durante la campaña.  

¿De qué forma la ciudadanía podría fiscalizar el uso de recursos públicos?

«La ciudadanía tiene el control social, un derecho y deber que ya sea individual o colectivo, permite accionar para evitar que ocurran violaciones a las leyes. Las personas tienen en sus manos un recurso muy interesante que es la internet y los celulares; con esto pueden realizar un ejercicio de fiscalización importantísimo,  además contribuir a evitar el uso de fondos públicos, de vehículos del Estado o  la compra de votos», plantea Angely Moreno.

La joven que también ha sido activista en diferentes movimientos sociales escenificado en el país en la última década, invitó  a los ciudadanos a involucrarse a empoderarse y a ejercer su rol de fiscalización, tanto en la campaña electoral como el «Día D» o día de las elecciones.