Heriberto Morrison 
Desde la perspectiva de organismos deportivos se impone la necesidad de incluir las prácticas de Buen Gobierno como acciones socialmente responsables, enfocadas en lograr mayor transparencia y ética en sus actividades. En las últimas décadas en el ámbito del Derecho deportivo entre los países más avanzados del núcleo iberoamericano se han tomado iniciativas de intercambio de información en tal dirección.
Todos los operadores (deportistas, dirigentes, promotores, patrocinadores, medios, organizadores y agencias) están llamados a interactuar dentro de estructuras participativas, transparentes, democráticas, justas y responsables.
Las prácticas de Buen Gobierno en organizaciones deportivas proporcionan bases sólidas para el crecimiento, desarrollo y sostenibilidad del deporte en un entorno complejo. En tal virtud corresponde a los Estados diseñar políticas deportivas claras, transparentes y bien definidas basadas en los principios de gobernabilidad y el Buen Gobierno.
De ahí lo imprescindible que la República Dominicana pueda contar con un modelo deportivo bien articulado, sustentado en un nuevo marco jurídico-deportivo actualizado que incluya una adecuada Ley General del Deporte, Decretos, Reglamentos y Resoluciones sobre las diversas vertientes del sector.
Un aspecto primordial que debe consagrar el nuevo marco deportivo es que el ejercicio de las respectivas funciones del sector público estatal y del sector privado o no gubernamental en el deporte debe ajustarse a los principios de colaboración responsable entre todos los interesados.
Lo que no se puede desconocer o suplantar es la potestad de la Administración del Estado, que en nuestro país tiene como principal organismo del sector al Ministerio de Deportes y Recreación, con atribuciones constitucionales y legales que debe cumplir de pleno derecho y facultad como garantía de un eficiente servicio a la comunidad.
Agrupan la responsabilidad de dirigir, administrar, planificar y fiscalizar todo lo concerniente conforme a sus facultades. Las entidades privadas asociativas subvencionadas, estrechas colaboradoras de la agencia oficial no deben desenvolverse con una autonomía desbordada sino trabajar en coordinación y en armonía con las políticas públicas.
Desde la instalación de Danilo Díaz Vizcaíno como titular del MIDEREC, tuvo la acertada iniciativa de proponer un Pacto Deportivo sin precedentes a los diversos sectores del sistema, haciendo énfasis en la vertiente olímpico-federativa, en procura de mejorar las relaciones interinstitucionales y además, establecer una mejor coordinación y rendición de cuentas con respecto al manejo de los fondos públicos otorgados para fomento y desarrollo.
Se puede decir sin ambages, que esta ha sido la mejor etapa de relaciones entre ambos sectores y en materia de recursos de parte de la agencia oficial, no sin antes reconocer que por momentos casi por lo bajo han aflorado ciertas discrepancias a causa de demandas catalogadas de exorbitantes con fines de cubrir algunos compromisos internacionales que no ameritan cierto nivel de recursos ni delegaciones tan abultadas, pero a fin de cuentas las aguas han vuelto a su nivel sin mayores consecuencias.
Sin embargo, hay que reconocer que si bien las buenas relaciones personales entre los principales ejecutivos del MIDEREC y la cúpula del COD, ha sido un factor importante en el desenvolvimiento de la actual gestión, la mejor garantía para poder estructurar un organizado, eficaz y perdurable modelo deportivo, caracterizado por las prácticas del Buen Gobierno de las organizaciones públicas y privadas, es crear un moderno e institucionalizado marco jurídico deportivo.
