Una pregunta necesaria: ¿A quien perjudicaría que los partidos celebren sus primarias para las elecciones del 2020 con el padrón de la Junta Central Electoral, si están de acuerdo en que sus procesos internos sean supervisados por el tribunal de elecciones?
¿A quién perjudica, si bajo el actual sistema de partidos predomina la convicción de que sus respectivos padrones de votantes son inservibles, plagados de dualidades, omisiones y alteraciones, las cuales han servido para la comisión de fraudes y toda clase de veleidades?
Las respuestas son obvias: ninguno de los partidos saldría perjudicado si las votaciones internas se sustentaren sobre el Registro Electoral de la JCE, el cual ha sido elogiado entre los mejores de América Latina. Además, quedarían atrás los padrones manipulables, fuentes de suspicacias y travesuras cometidas para lesionar a precandidatos y grupos internos bien posicionados.
Ese es el meollo del aquelarre actual, una tormenta en un vaso de agua representada en posturas bizantinas, irreflexivas, en torno a si las primarias deben ser abiertas, simultáneas y con el padrón de la JCE; o cerradas, que quiere decir, con el viejo padrón propio de cada partido.
El argumento a favor de las primarias cerradas es tan insostenible, que sus defensores han preferido apoyarse en la inconstitucionalidad contra las primarias abiertas sentenciada por la Suprema Corte de Justicia en el año 2004, bajo la antigua Carta Magna y cuando aún no existía el Tribunal Constitucional, en lugar de reivindicar las supuestas bondades de los padrones propiedad de los partidos.
Se vislumbra, sin embargo, la luz al final del túnel, ya que por algún recodo asoma la razón pura. Las primarias supervisadas por la JCE con su Registro Electoral siempre serán saludables para el sistema partidario, pues superaría la perenne turbulencia interna.