El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) replanteó hoy sus recomendaciones ante la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas insistiendo en que las elecciones primarias de los partidos se realicen en el tiempo que cada uno decida, dentro del período preelectoral, y con el padrón propio o el universal, en que se eleve a por lo menos 40 por ciento la cuota femenina en los cargos de elección popular y se aplique también en los de dirección de los partidos, así como en la necesidad de transparentar la finanzas y establecer un régimen de sanciones que disuada los delitos y violaciones de los derechos ciudadanos.

En una carta dirigida a la Comisión, PC se refiere a los temas en los que los partidos no acaban de ponerse de acuerdo para viabilizar la aprobación de la ley, y también a algunos consensos establecidos que no satisfacen las viejas demandas sociales. Resumimos los planteamientos más relevantes:

Sobre las elecciones primarias y el padrón. PC dice que respalda el texto original de la Junta Central Electoral (JCE) que permite a cada partido escoger la fecha de elección de sus candidatos dentro del período de la precampaña, y si las organizan ellos o la delegan al organismo, y en este caso los costos serían deducibles del financiamiento estatal ya establecido. Si las organiza el partido la JCE deberá supervisarla y fiscalizarla. Que se deje a cada partido la decisión de utilizar su propio padrón o el universal de la JCE, en forma abierta o cerrada, en este último caso excluyendo a los empadronados en los demás partidos.

En torno a la equidad de género. PC reitera que acorde con el artículo 39, ordinal 5, de la Constitución que plantea la participación equilibrada de hombres y mujeres, sería razonable establecerla en por lo menos un 40 por ciento, tanto de las posiciones directivas como de los cargos de elección popular.

Sobre el financiamiento de los partidos. Demandamos mayor equidad en la distribución de los fondos públicos, reduciendo del 80 al 70 por ciento la proporción que se destina a los que obtienen más del 5 por ciento en las votaciones, y haciéndola más escalonada para que no haya tanta diferencia con relación a los que obtengan menos de esa proporción. Por ejemplo, entre 5 y 4 o 3 por ciento.

La transparencia es vital. Identificamos extraño que en lo consensuado se elimine la reiteración de la Ley de Libre Acceso a la Información que obliga a los partidos a dar cuenta de «toda información referente a los ingresos y egresos de los fondos públicos y privados recibidos». La transparencia es uno de los temas capitales del proyecto de ley, sin la cual de poco valdrá el esfuerzo. También debe revisarse el consenso partidista para reducir del 25 al 10 por ciento la proporción del financiamiento público destinada a la formación y educación de los miembros, dejándolo en 20 por ciento.

El Porcentaje para reconocimiento de un partido debe mantenerse. Debe mantenerse en por lo menos 2 por ciento de los votos válidos de la última elección, y lo mismo debe regir para mantenerlo, eliminando la propuesta de reducir este al 1 por ciento, y que los partidos vayan a los comicios sin alianzas cada cierto tiempo para evitar que se conviertan en entidades parásitas.

Penas realmente disuasorias. La gran mayoría de las penas que se establecen son de tipo económico con un solo reenvío al Código Penal, y en otros casos se señala con “penas que correspondan”, sin especificar cuál, lo que debe ser revisado para darle garras a la ley y que las penalidades de graves violaciones a los derechos ciudadanos y electorales no se sancionen con simples multas o penas disuasorias.

Participación Ciudadana espera que la Comisión Bicameral pueda revisar los aspectos del proyecto de ley de Partidos Políticos que les plantea, en particular de aquellos que han quedado pendientes, de los que generan lagunas y de los que a la fecha no se especifican y que se identifica en la comunicación, dirigida a los congresistas.