» Pese a su importancia es el sector más impositivo al pagar un 30% de impuestos»

Mientras en América Latina y otras latitudes del hemisferio existe una tendencia de desmontar las cargas impositivas a las telecomunicaciones al considerar este servicio como un derecho fundamental de sus ciudadanos; en República Dominicana se busca incrementarlo sin considerar que es el sector más afectado en nuestro país. Eso lo explica el aporte de un 30% las arcas del Estado, traducido en un 18% de Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios-ITBIS-, un 2% de Aporte al Desarrollo a las Telecomunicaciones, y finalmente por una mala interpretación de los legisladores y como consecuencia de la crisis bancaria de 2003, se estableció de manera temporal el Impuesto Selectivo al Consumo de un 10%.Sin embargo pese a la mejora económica experimentada en los años posteriores, donde alcanzamos el más grande crecimiento económico en la región ( 6% del producto interno bruto), se mantuvo de manera injusta sin importar la trascendencia social de la medida.

El Impuesto Selectivo al Consumo grava productos que no son indispensables para la sociedad e inclusive algunos producen daños a la salud, como es el caso del alcohol y el tabaco. Además de afectar otros bienes de uso exclusivo- debido a su alto costo- de los sectores más pudientes. No obstante de manera injusta corren la misma suerte el detenido que llama a sus familiares para informar de su detención y se pone en contacto vía telefónica con su abogado para garantizar su derecho de defensa, la madre que llama a sus hijos desde su móvil mientras labora para darle seguimiento a sus actividades, el joven que busca información en internet para hacer una exposición en el colegio y favorecer su desarrollo personal; en fin situaciones relacionadas a derechos fundamentales consignados en nuestra Constitución.

Por las razones antes expuestas, debería plantearse el desmonte de dicho impuesto como ha sido la tendencia mundial, y sobre todo como una deuda social del Estado contraída con los dominicanos desde que fue mantenido dicho gravamen de manera irregular, al margen de los empobrecidos sectores que nunca se beneficiaron del desaparecido banco Baninter y no fueron culpables de las violaciones a la ley Monetaria y Financiera con la finalidad de garantizar a políticos de influencia elevadas sumas no cubiertas por la referida norma.

Ahora el gobierno con su falta de creatividad recaudadora aunque usted no lo crea pretende cargar nuevamente el referido sector para cubrir los pasivos del Sistema de Emergencias 911; situación que encarecería el precio de los servicios de telefonía e internet, repito considerados por su naturaleza como un derecho fundamental.

Hay que reconocer que las proveedoras deben trabajar para brindar mejores precios a sus usuarios, los cuales pagan tarifas muy elevadas en comparación con otros países de la región, como Argentina, Puerto Rico, Chile, Estados Unidos, entre otros. Sin embargo el Estado a través de sus instituciones Indotel y Pro-Consumidor debe velar por condiciones que puedan ser factibles para los inversionistas pero sobre todo para la colectividad.

Finalmente debe aprovecharse la ocasión para modificar la Ley 153-98 sobre las Telecomunicaciones, la cual cuenta con más de 15 años en vigencia y fue aprobada cuando no existían los actuales servicios de uso común, como es el caso del internet, la televisión satélital, la radio digital, los teléfonos bajo el formato de voz sobre ip, las oficina virtuales y las redes sociales.

En ese orden inclusive fue necesario concebir otras reglamentaciones subsidiarias para cubrir las carencias de la desactualizada legislación, como fue el caso de la creación de la ley 53-07 Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Además se prevé la implementación en los próximos años de la Televisión Digital Terrestre (TDT) que facilitaría un mejor uso del espectro y sería menester que encuentre una norma de vanguardia que favorezca la inclusión de nuevas tecnologías y facilite a través de un reglamento su correcta interpretación.