Las recientes declaraciones de un legislador sobre sus supuestos “derechos” dentro de las relaciones conyugales han desatado gran controversia. Sus categóricas afirmaciones no solo son profundamente preocupantes, sino que también reflejan conceptos peligrosos sobre los derechos de las mujeres.

Urge que entendamos que el matrimonio no implica propiedad ni anular la voluntad de la mujer. La idea de que el matrimonio otorga derechos sobre el cuerpo o la autonomía del cónyuge es una noción violatoria de derechos que no tiene cabida en el siglo XXI. El consentimiento es crucial en cualquier relación, y el matrimonio no es una excepción. Toda actividad sexual, sin importar el contexto, requiere el consentimiento libre, informado y entusiasta de ambas partes. Este consentimiento debe ser continuo y puede ser revocado en cualquier momento. La idea de que el matrimonio otorga un “derecho” permanente al sexo es errónea y violenta. Por eso tampoco es correcto que se llame “matrimonio” a relaciones de explotación sexual con jóvenes menores de 18 años.

En la mayoría de los países donde se respetan y protegen los derechos humanos, la violación conyugal es un delito plenamente reconocido en sus leyes. Forzar relaciones sexuales con el cónyuge o pareja es una forma de violencia sexual y debe ser tratada como tal por la ley. El hecho de estar casados o ser convivientes no disminuye la gravedad de este acto ni lo hace menos traumático para la víctima.

Un matrimonio saludable se construye sobre la base del respeto mutuo, lo que implica una comunicación abierta y honesta y la consideración de los deseos y límites del otro. El respeto mutuo también significa reconocer que cada persona tiene derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su salud.

Cada individuo, independientemente de su estado civil, tiene el derecho fundamental a decidir si quiere tener hijos, cuándo y cuántos. La idea externada por el legislador de que un esposo tiene el “derecho” de embarazar a su esposa contra su voluntad es una violación flagrante de los derechos humanos básicos. Las decisiones sobre reproducción deben ser tomadas de manera consensuada por la pareja, respetando siempre la autonomía corporal.

Es alarmante que en pleno siglo XXI, figuras públicas y legisladores puedan expresar opiniones que perpetúan conceptos dañinos sobre las relaciones de pareja. Estas declaraciones no solo son ofensivas, sino que traen graves consecuencias al normalizar comportamientos abusivos y violentos dentro de las relaciones de pareja. Algo que, en un país donde a junio de este año ya han ocurrido 24 feminicidios, francamente no necesitamos.

La sociedad en su conjunto debe rechazar firmemente cualquier noción que sugiera que estar en una relación de pareja otorga derechos sobre el cuerpo o la autonomía del otro.

Propongo la implementación de programas educativos integrales sobre relaciones saludables, consentimiento y derechos sexuales y reproductivos. Programas, claro, que deberían llevarse a las cámaras legislativas como parte de la inducción para el cargo. Es a través de la educación y el buen diálogo que encontramos esperanza de cambiar las actitudes nocivas que aún persisten en nuestra sociedad y que lamentablemente vemos desplegadas como noticia en las primeras planas de los periódicos.

Igualmente, se hace necesario contar con leyes sólidas que protejan a las personas de la violencia y el abuso, y garantizar que esas leyes se apliquen de manera efectiva. La violación conyugal debe ser tratada con la misma seriedad que cualquier otra forma de agresión sexual. Insto a que lean y estudien el Código Penal que quieren pasar legisladores de pensamientos violentos y antiderechos. Los mismos que marean a la sociedad con el cuento de las causales. Debemos agradecer a quienes luchan por la inclusión de las 3 causales, ya que al alzar sus voces han sacado a la luz los intentos de aprobar un Código Penal que violenta derechos fundamentales, apoya a pedófilos y apaña la corrupción.

Es responsabilidad de todos nosotros promover y defender relaciones basadas en el amor, el respeto mutuo y el consentimiento. El matrimonio y las relaciones de pareja deben ser una asociación entre iguales, donde ambas partes se sientan seguras, respetadas y valoradas. Cualquier otra concepción sobre esto no tiene cabida en una sociedad que dice aspirar a la igualdad y a la justicia.