Varios legisladores de la oposición advirtieron que de aprobarse el proyecto de ley de fideicomiso público recurrián ante el Tribunal Constitucional (TC) para que la medida sea revocada.

Diputados de la bancada opositora reiteraron que la iniciativa, propuesta por el Poder Ejecutivo, afecta los bienes del Estado, y mostraron una vez más su rechazo a que sea aprobada.

«Nosotros nos comunicamos con la Secretaría de Asuntos Jurídicos de nuestro Partido de la Liberación Dominicana y ya ellos tomarán las medidas de lugar, de si entienden, en el caso de esta ley, tomar las acciones de lugar para llevar esta situación al Tribunal Constitucional», aseguró el vocero de los diputados de dicha organización política, Julio Campos.

Los opositores entienden que el proyecto deb ser aprobado como una ley orgánica, es decir, con las dos terceras partes de los votos, no con los de la mayoría calificada.

De su lado, los congresistas del oficialismo creen que la pieza es una ley ordinaria y será en esta legislatura, pese a los cuestionamientos de la oposición.

Más tarde, el Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Medio Ambiente, garantizaron que el Desarrollo Pedernales-Cabo Rojo no afectará las áreas protegidas de esa zona del país luego de sostener una reunión con representantes de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas (Coalición AAPP) y otros gremios ambientales.

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Durante el encuentro, se acordó mantener excluidos los terrenos que formen parte del Parque Nacional Jaragua, Parque Nacional Sierra de Bahoruco, Área Nacional de Recreo Cabo Rojo-Bahía de las Águilas con sus cuatro polígonos: Playa de Cabo Rojo-Pedernales, Bahía de las Águilas, Playa Larga y Playa Blanca, u otras áreas protegidas de la zona.

El convenio establece, además, que los inmuebles que se encuentren en las parcelas a ser aportadas al fideicomiso y que se encuentren dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), serán sometidas a un proceso de subdivisión en la Jurisdicción Inmobiliaria, previo o en conjunto al aporte de las parcelas al patrimonio fideicomitido, manteniéndose en todo caso los terrenos ubicados dentro de las áreas protegidas excluidas del patrimonio fideicomitido y bajo propiedad exclusiva del Estado dominicano.