Hoy 
Lo que en los usos del poder se denomina “gasto fiscal“ o consentimiento a que otros se queden con lo que corresponde al Estado porque potencialmente favorecería a la nación con crecimiento económico, desarrollo y empleos no puede dar lugar a gratuidades ni favoritismos siendo una herramienta llamada a ser eficaz. Inaceptable que alguien desborde el estrecho marco ético y moral que debe garantizar legitimidad y frutos a la sociedad aunque en los hechos con este recurso se haya incurrido mucho en concesiones que el tráfico de influencia extiende después que dejan de ser útil o se tiene convertidos en beneficiarios permanentes a entes sin protagonismos favorables a objetivos de progreso para la República y de corrección de infames distorsiones. La irracionalidad ha estado a la orden del día por el peso de intereses privados sobre los resortes del poder y porque desde éste los legisladores no se han quedado atrás para estar ya instituidos en comercializadores de derechos a importar vehículos de lujos que transfieren como «dealers» informales surgidos de una ilegalidad de mercuriales transferencia en burla al erario para acrecentar ingresos personales «por servirles a la patria» como hacedores de leyes.
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Esto, a pesar de que sin la enormidad pecuniaria extra que se agencian en perjuicio del fisco y la capacidad del Estado de invertir en infraestructuras y auxilios comunitarios a dominicanos de la marginación y la estrechez los congresistas pertenecen a órganos que figuran entre los más costosos para los contribuyentes por sueldos, sobresueldos y generosidades anexas. Inaceptable para las urgencias de este país que los legisladores condicionen su aceptación a quedar sin exoneraciones automovilísticas anuales y múltiples a que previamente se haga tabla rasa suprimiendo las liberaciones impositivas que apuntalan iniciativas comunitarias y programas concebidos para incentivar inversiones que de otra manera no se lograrían; a respaldar la introducción de nuevas tecnologías que tardan en llegar por falta de garantizas de rentabilidad; a premiar la creación de empleos y apoyar patronatos sin fines de lucro. Ahora más que existe el desafío de proteger impositivamente a los sectores del agro a los que les viene encima el fin de los aranceles del DR-CAFTA.
