Es costumbre en el ejercicio político del país, quizás por la debilidad de su gobernanza, que los gobiernos ignoren el principio de Continuidad del Estado, uno de los de mayor trascendencia para garantizar la aplicación y seguimiento a las políticas públicas de desarrollo a mediano y largo plazos.

Ese principio los Gobiernos suelen aplicarlo cuando se trata de un acuerdo de intereses o iniciativas que conciernen al partido y los grupos de turno en el poder, como el proyecto de Ley de Fideicomiso.

El presidente Luis Abinader y sus funcionarios asumieron ese proyecto como si formara parte de su programa de gestión, lo han convertido en prioridad y han empleado todas sus energías y recursos en garantizar su aprobación por encima de todas las observaciones, críticas y reparos en torno al mismo.

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Si los ambientalistas no se hubiesen percatado y dado la voz de alarma hubiera sido aprobado incluyendo áreas protegidas, en violación de la Constitución y las leyes ambientales, dificultando de manera significativa su ejecución.

¿Por qué los políticos que se empeñan en administrar el Estado luego buscan transferir sus responsabilidades de gestión al sector privado, habilitando y entregando en usufructúo su patrimonio, cargando las pérdidas y devaluaciones previstas en la legislación que se aprueba en esta modalidad?

La ciudadanía debe mantenerse vigilante, crítica y dispuesta a defender el patrimonio de la Nación. La garantía de la correcta, transparente, pertinente y justa administración de los bienes del pueblo es la atención permanente y la vocación de lucha de todos los dominicanos.