Ha provocado justificada alarma la sentencia 547-24, de control preventivo de constitucionalidad, emitida por el Tribunal Constitucional, referida al “Acuerdo entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos sobre Legitimación Marítima”, que establece los límites territoriales colindantes y las condiciones para la explotación de los territorios marítimos en donde se descubran estructuras geológicas o yacimientos minerales que contengan petróleo o gas natural situados en ambos lados de la línea geográfica determinada en el acuerdo.

Firmado el 5 de julio de 2021, el convenio implica la renuncia a territorio marítimo y la injustificable entrega de los recursos minerales que se encuentran en nuestra franja exclusiva si el depósito atraviesa la línea de demarcación fronteriza.

Mientras se proclama con energía la defensa de la soberanía dominicana, se renuncia inexplicablemente al control soberano de territorio y recursos en favor de antiguas potencias coloniales cuya presencia en el Caribe es anacrónica.

Existe el precedente de un convenio similar que entregaba una franja importante de nuestra costa norte incluyendo los Bancos de la Plata y de la Navidad que generó tal nivel de rechazo social que el Congreso Nacional se vio obligado a rechazar.

De nuevo debemos sumar voces y esfuerzos que conduzcan al rechazo congresual del referido acuerdo. La movilización social en defensa del interés nacional debe servir para que quienes administran el Estado dominicano no acepta la entrega de territorio ni de recursos que deben sustentar el desarrollo y el bienestar del país.