La semana pasada ocurrió en Cotuí un ataque despiadado contra los agricultores de las comunidades donde la minera canadiense Barrick Gold se propone instalar una presa de cola.
Centenares de familias que habitan la zona enfrentan la reubicación forzosa sin que se garantice plenamente el respeto a sus derechos fundamentales. Estas comunidades, que han vivido por generaciones en estas tierras, no solo pierden su hogar, sino también su historia, su forma de vida y su sustento.
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Es imperativo que las autoridades y la empresa Barrick Gold asuman su responsabilidad en proteger los derechos y la dignidad de estas personas. Esto implica ofrecer compensaciones justas, procesos transparentes y soluciones habitacionales que respeten sus necesidades. No se puede permitir que el oro sea sinónimo de despojo y desamparo.
En los videos de la repudiada escena se vio como los representantes locales de la empresa y fuerzas policiales y militares daban un ejemplo de cómo actúan los lacayos locales de las multinacionales depredadoras para obtener los objetivos de las compañías extranjeras que los contratan.
De la misma manera, campesinos, sacerdotes y comunitarios que enfrentaron a la Barrick y a sus representantes demostraron a esa empresa cómo se revisten del valor necesario para frenar a quienes intentan desconocer sus derechos apoyados por gobiernos, funcionarios y malos dominicanos.
Urge reformular el contrato-estafa que traslada costos y responsabilidades de la presa de cola y sus implicaciones al Estado dominicano y revisar el marco legal que rige la minería en el país.