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El gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló anunció ayer una reforma fiscal que busca incentivar el empleo y la competitividad de la isla, sumida en una profunda crisis financiera que se agravó tras la devastadora temporada de huracanes del 2017.
El nuevo modelo contributivo, del cual aún falta sea aprobado por el Congreso, también busca «hacer justicia social a los trabajadores», dijo Rosselló en conferencia de prensa.
El proyecto tiene previsto reducir los impuestos a los individuos y a las empresas con la meta de crear «un modelo para incentivar la transición hacia el empleo y a la inversión», detalló el funcionario.
Entre las medidas destaca una nueva tabulación para el cálculo de impuestos a los ingresos, con un incremento en el monto que queda exento de tributos, de 9,000 a 12,500 dólares anuales.
Según las estimaciones del gobierno, la reducción de impuestos a los ingresos personales representará ahorros por más de 330 millones de dólares a los individuos en los próximos cinco años.
Anunció también una reducción significativa al impuesto a las ventas de alimentos preparados y la eliminación paulatina del impuesto a las transacciones entre negocios, conocido como B2B (business-to-business). Raúl Maldonado, secretario de Hacienda, explicó en la conferencia de prensa que la tasa del 4% del B2B establecida en 2015 resultó devastadora para los pequeños comerciantes. De ser aprobada por el Congreso, la reforma tributaria representará ahorros de unos 849 millones de dólares para los contribuyentes en los próximos cinco años. Ese ahorro, que significa menores ingresos para el gobierno, será compensado con nuevas medidas de fiscalización a fin de evitar la evasión, así como con las reformas.
