Hoy 
Jornaleros de abundante presencia en campos y ciudades (auténticos proletarios sin estatus legal) forman parte del calamitoso sector informal de la economía (56%) y su situación de absoluta desprotección del sistema asegurador se debe a una arcaica legislación 146-02. A diario nos chocamos con estos ordinariamente llamados «microempresarios» que se desgracian y desgracian a los demás a causa de accidentes o enfermedades que entonces acarrean costos millonarios al contribuyente y a sus víctimas por carencia total de pólizas que cubran daños personales y a terceros. La solución integradora y de alto beneficio social sería posible con una modificación legislativa; una de las tantas que no acaban de llegar como las que deben actualizar los códigos laboral y penal y la ley orgánica de la Seguridad Social. Obsolescencias legales que dan persistencia a desamparos colectivos. Los motociclistas de las mensajerías y el transporte de pasajeros -sector laboral de más intenso y cuestionable crecimiento en nuestros días- no son, en los hechos, civilmente responsables por su infortunada e insolvente condición de indocumentados.
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Unos «fantasmas» para todos los fines estatuidos menos para causar muertes a pacíficos transeúntes por aceras o cruce de calles. Súmese a esa porción poblacional marginada a los hombres y mujeres de trabajo de la excesiva población de inmigrantes que sustituyen masivamente a los dominicanos de tareas de construcción y agricultura y a casi a todos los participantes en micro-empresas. No existe en el sistema de normas jurídicas de protección personal aplicable a actividades que generan lucros el tipo de seguro categorizado como «Inclusivo» que en el resto del mundo se reserva para estratos vulnerables de cualquier sociedad. Una fórmula para brindar soluciones dirigidas a personas tradicionalmente sin acceso a las contrataciones que generan obligaciones y derechos de asistencia por siniestros. Es necesario que el Gobierno busque soluciones inteligentes, prácticas y de corto plazo a la permanencia fuera de normativas institucionales de miles y miles de dominicanos y extranjeros sin presencia en registros de ciudadanos y contribuyentes a los que debe reconocerse como tales y como entes productivos.
