Ronny De la Rosa 
Como inconstitucional catalogan representantes de sectores conservadores, la resolución 0000002, evacuada por el Ministerio Público, que emplaza a los funcionarios judiciales a llamar a los miembros de la comunidad LGBTQ por el sexo u orientación que éstos decidan.
Juristas y líderes religiosos afirman que esta disposición violenta la Constitución ya que, legalmente, en el país solo se tienen registrados dos sexos, el femenino y el masculino, por lo que entienden se trata de la adaptación de medidas impuestas en otros países.
“Es un documento que choca constitucionalmente con la Constitución, primero en su artículo 45 el cual le otorga el derecho a los miembros del Ministerio Público de tener libertad de culto y conciencia”, expresa el abogado Yan Carlos Martínez.
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El jurista indica que la Procuraduría “no puede crearle un derecho a los miembros de la sociedad o comunidad LGTBQ que no tienen, pues el sexo o el género no se determina como usted se autopercibe, sino que, la Ley 4-23 de los actos del estado civil establece cómo se determina el género y solo existe el género femenino y masculino”.
Mientras que líderes religiosos mostraron su preocupación y tildaron de “barrabasada”, esta disposición, alegando que la misma no tiene ningún asidero legal, más que el imponerse a la voluntad de sectores externos.
“La decisión que hemos visto de la procuradora Miriam Germán, nos ha sorprendido, porque es una violación a la Constitución de la República, en varios artículos, incluyendo el de la libre expresión y pensamiento, de instruirle a los jueces lo que tienen que decir”, afirmó Feliciano Lacen, presidente del CODUE.
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Mientras que para el también religioso Fidel Lorenzo, indicó que “se acaba de destapar una barrabasada, basada en sentimientos y emociones”, al referirse a la normativa.
En ese sentido indicó que “el rol de la procuradora general de la República, es asegurarse de que los expedientes de los acusados estén bien hechos y que los jueces puedan fallar de manera satisfactoria”
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Continuó expresando su preocupación y pidió una explicación a sobre qué sucederá con los imputados que se autoperciban como mujer, si serían llevados a centros penitenciarios femeninos o viceversa.
Sin embargo, para Leonardo Sánchez, Director Organización Amigos Siempre Amigos, esto es una decisión acertada y que no choca con la Carta Magna, ya que, por el contrario, según afirma, “no hay nada más constitucional que apegarse al respecto de la dignidad de todas las personas y de hecho es un mandato constitucional hacer eso”.
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La dispoción que busca crear un protocolo de acción para los funcionarios judiciales ha traído consigo un sinfín de opiniones a favor y en contra, que ha vuelto a poner sobre la mesa las garantías de los derechos fundamentales, abrazados a ambos lados del espectro.
