Siempre he dicho, y cada vez que se me presenta la oportunidad vuelvo a repetirlo, que cuando se trata de defender la libertad de expresión, un lujo exclusivo de la vida en democracia, siempre es preferible pecar por exceso que por defecto, pues son tantas las amenazas, abiertas y solapadas, al ejercicio de ese derecho, que nos obliga a estar en modo vigilancia permanente. Pero también hay que decir, porque es la verdad, que en nombre de la libertad de expresión se cometen excesos, muchas veces por ignorancia pero también por mala fe, pues en este país no es un secreto para nadie que hay gente que alquila su pluma y sus opiniones al mejor postor. Y en estos tiempos nadie paga mejor ese servicio que la corrupción y sus beneficiarios, que siempre son más numerosos de lo que uno pueda llegar a imaginarse.

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Y eso lo saben perfectamente en el CDP, que ayer calificó como un atentado al libre ejercicio de la profesión del periodismo el comunicado emitido por la Procuraduría General de la República en el que alega ser víctima de una campaña de descrédito financiada por la corrupción, razón por la cual tomará “medidas cautelares” para evitar que se obstruyan los procesos legales que mantiene en los tribunales contra exfuncionarios de los gobiernos del PLD. ¿Por qué tiene que darse por aludido el CDP y su presidente Aurelio Henríquez, a quien nos gustaría ver más proactivo y preocupado por la degradación de una profesión que para muchos de nosotros ya vivió sus mejores tiempos, suplantada por comunicadores y opinantes que desprecian los límites que nos impone la ética y el más elemental sentido de la decencia y el buen decir?

Repito: cualquier exceso en nombre de la defensa de la libertad de expresión se justifica y comprende. Pero preocupa que esta se utilice, al igual que el llevado y traído debido proceso, como parapeto para proteger a los imputados por corrupción, que en este pobre y jodido país tienen mas valedores de lo deseable en los medios de comunicación.