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La Pepca ha señalado que inició una investigación contra la actual Cámara de Cuentas, tras detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa
Son varias las ocasiones en que autoridades del Ministerio Público han señalado de manera pública los delitos que imputa a la Cámara de Cuentas. Los mismos, se trataron en principio, de presunta obstrucción de la justicia.
Sin embargo, luego, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que había ampliado la investigación y detalló las presuntas violaciones a las leyes en las que habría incurrido el órgano fiscalizador, siendo estos los siguientes:
- Asociación de malhechores
- Falsificación de documentos
- Coalición de funcionarios
- Complicidad en estafa contra el Estado
- Lavado de activos
En términos legales, esto implica supuestas violaciones al artículo 12 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público; 59, 60, 123, 124, 145, 146, 147, 171, 172, 175, 188, 189, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano», señala un comunicado del Ministerio Público.
Otros detalles. La Pepca ha señalado que inició una investigación contra la actual Cámara de Cuentas, tras detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa.
“Las investigaciones han establecido que en la Cámara de Cuentas se alteraron múltiples auditorías para beneficiar a exfuncionarios de dependencias oficiales que eran examinadas”, informó la Procuraduría General mediante un comunicado el pasado mes de enero.
¿Quién lidera estas investigaciones y a quiénes se investigan? Las investigaciones que lideran la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigidas por los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, abarcan a todos los integrantes de la Cámara de Cuentas, así como a funcionarios de otras áreas de esa institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos, como la Consultoría Jurídica y la Dirección de Auditoría.
“Lamentablemente, la Cámara de Cuentas de República Dominicana lo que ha servido es para impedir el trabajo del Ministerio Público”, señaló Wilson Camacho.
Añadió que el órgano de fiscalización estatal que preside Hugo Álvarez Pérez, “se ha puesto más del lado de las personas que cometen actos de corrupción que del lado que debió estar, que es cumplir su objetivo institucional y hacer las labores de investigación que debió de hacer”.
