Leo Pérez Minaya 
Argentina no deja de sorprender al mundo, para lo bueno, igual que para lo malo. La muerte sorpresiva del fiscal Alberto Nismam que por más de ocho años investigaba el más grande acto de terrorismo ocurrido en ese país, constituye un hecho doloroso para su familia, dramático para Argentina y perturbador en el plano internacional.
Si se recuerda bien, en junio del 1994 un coche bomba hizo volar el edificio que albergaba la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, que dejó la friolera de 86 muertos (entre ellos, uno de los terroristas ) y más de 300 heridos. Ese acto criminal, según se comprobó más tarde, fue planificado y financiado por el Gobierno de Irán e ejecutado por Hezbollah, el primero motivado por la suspensión del trasvase de transferencias tecnológicas nuclear de Argentina a Irán y el segundo, el terror es su oficio preferido.
Por más de 20 años, la impunidad cubre todavía ese acto salvaje. El fiscal Nismam (nombrado por el entonces Presidente Néstor Kirchner) era el que lideraba la investigación y había denunciado que el gobierno argentino había entrado en contubernio con Irán para desincriminar a estos últimos a cambio de suministro petrolero y ventas de granos. De hecho, Nismam se había comprometido ir al Congreso a suministrar las pruebas para avalar sus investigaciones. El fiscal nunca llegó al Congreso, falleció en forma extraña 24 horas antes de presentar las pruebas que alegaba tener en contra de la Presidenta y del Ministro de Relaciones Exteriores.
Todavía estando el cadáver de Nismam caliente y sin habérsele practicado la autopsia, la Presidenta se disparó una carta en su cuenta de Facebook en la que habló de “suicidio”. Se preguntaba la Presidenta “ Qué es lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida”. Sin embargo, a los pocos días, ella misma declaró “no tener duda de que la denuncia de Nismam, nunca fue en sí misma la verdadera operación en su contra, sino que la verdadera operación fue la muerte del fiscal”. ¿Entonces qué?
La verdad que es lamentable que la primera magistrada de la nación haga el papel de comentarista de noticias, sin entender que ella encabeza unos de los poderes del Estado argentino. Y uno se pregunta, ¿Y no tiene consultores que le recomienden que no puede inmiscuirse en asuntos judiciales?
Sobre el caso del atentado terrorista en la sede de AMIA en Buenos Aires hasta libros y tesis se han escrito. De hecho, hasta se pudo identificar a los autores materiales que fueron condenados en los tribunales penales de Argentina. Hasta órdenes de arrestos internacionales emitidas por Interpol se han obtenido, pero el desafío es que el Estado de Irán nunca revalidó la sentencia y mucho menos entregó los presuntos criminales.
Cuando se destaparon los wikileads de Julian Assange, se reveló el papel de los organismos de inteligencia de los países de occidente en descubrir la conjura, se destaca la participación activa de la CIA, del Mozart y del M15 entre otros. Las evidencias sobran, por eso sorprendió que en el año 2013 Argentina e Irán entraran en un acuerdo de entendimiento dizque para cooperar en descubrir la verdad.
Y uno vuelve y se pregunta, ¿Pero no fue ya condenados en tribunales de Argentina los funcionarios del Estado de Irán envueltos en la conjura? Es más que evidente, que hubo un arreglo de fondo para encubrir los terroristas del caso AMIA.
Cuando escribo esta columna estoy en Washington, DC. Aquí existe un ambiente de indignación colectiva, de hecho, el Washington Times analiza con dureza el caso. Bajo la firma de Clifford D. May, presidente de la Fundación para la Defensa de las Democracias se publicó un artículo que él bautizó con el título – y que yo hago mío -,”Llora por la Argentina, mientras los terroristas y los mafiosos se
salen con la suya”.
May deja claro que el fiscal Nisman estaba amenazado. Dice que sus allegados estaban muy conscientes que podía aparecer muerto en cualquier momento. Así mismo, apunta sobre la Organización de Estados Americanos “que presume” de trabajar por “la promoción de las
democracias y la defensa de los derechos humanos” pero que en este caso, no ha dicho ni una palabra sobre el mismo. Luego, exige acciones concretas a la Casa Blanca, especialmente al Departamento de Estado. “¿Qué está dispuesto hacer este gobierno para que los terroristas y mafiosos internacionales no se salgan con la suya por los 85 asesinatos cometidos en 1994 y la muerte del fiscal? —- ¿“Nada, se pregunta él?. La verdad es, que donde la justicia no impera, la vida no puede triunfar.
